El sector de Business Process Outsourcing (BPO) y Customer Experience reiteró su respeto por la institucionalidad colombiana y manifestó su preocupación por la situación jurídica que rodea actualmente el salario mínimo legal vigente. Desde BPRO, gremio que agrupa a las empresas del sector en el país, su presidenta Ana Karina Quessep hizo un llamado a que se garantice claridad normativa y estabilidad institucional para proteger uno de los ecosistemas laborales más relevantes del país, que actualmente genera más de 790 mil empleos directos e indirectos.
La industria BPO se ha consolidado como uno de los mayores generadores de empleo formal en Colombia. Según el gremio, el sector representa cerca del 3,3% del empleo nacional y se ha convertido en una plataforma de inclusión laboral para miles de colombianos en diferentes regiones. Jóvenes en su primer empleo, madres cabeza de hogar y trabajadores en ciudades intermedias han encontrado en esta industria una oportunidad para acceder a ingresos estables y procesos de formación laboral.
A lo largo de los últimos años, el sector ha mantenido una apuesta constante por el país mediante inversiones en talento humano, tecnología e innovación. Las compañías que integran esta industria han contribuido a atraer inversión extranjera y a fortalecer la exportación de servicios desde Colombia. De acuerdo con cifras del gremio, el ecosistema empresarial está compuesto en un 58% por empresas especializadas en BPO, un 22% por compañías tecnológicas, un 15% por modelos CSC Inhouse y un 5% por otros proveedores de servicios.
Desde el gremio reiteraron que todas las empresas afiliadas actúan bajo el marco del Estado de Derecho y en cumplimiento de las normas laborales vigentes. En ese sentido, expresaron respeto por la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto relacionado con el salario mínimo y manifestaron su confianza en que el proceso jurídico en curso permita adoptar una decisión definitiva que brinde claridad tanto a los trabajadores como a los sectores productivos del país.
El incremento del 23% del salario mínimo anunciado en diciembre generó un impacto significativo en la estructura de costos del sector, caracterizado por ser intensivo en talento humano. Aunque las empresas han mantenido el pago conforme al aumento decretado y han actuado con responsabilidad frente a sus trabajadores, el gremio advierte que la medida ha incrementado las presiones financieras y ha afectado la competitividad de la industria frente a otros mercados de la región.
En el marco de la Asamblea General Ordinaria 2026 del gremio, una encuesta aplicada a las empresas asociadas evidenció la magnitud del impacto. El 64% de las compañías reportó afectaciones altas como resultado del incremento salarial. Estos resultados reflejan las dificultades que enfrenta el sector para ajustar sus estructuras de costos mientras mantiene su compromiso con la generación de empleo formal en el país.
Los resultados de la encuesta también revelan posibles efectos sobre el mercado laboral. El 49% de las empresas consultadas señaló que prevé reducir su planta de personal durante este año. Asimismo, un 41% manifestó que ha evaluado trasladar parte de sus operaciones a otros países que actualmente compiten por la atracción de servicios globales, entre ellos México, Perú, Guatemala, República Dominicana, El Salvador e India.
De acuerdo con las estimaciones del gremio, hasta el 9% de los empleos reportados por el sector al cierre de 2025 podrían salir o ya han salido de las nóminas como consecuencia de los ajustes derivados del incremento salarial. Estas cifras reflejan, según el gremio, que los efectos comienzan a evidenciarse en el comportamiento del empleo formal dentro de una industria que ha sido clave para la expansión de servicios globales desde Colombia.
BPRO advirtió que la ausencia de una definición clara y definitiva sobre la situación jurídica del salario mínimo dificulta la planeación empresarial y afecta la toma de decisiones estratégicas. Además, consideran que esta incertidumbre puede enviar señales de inestabilidad a inversionistas internacionales en un momento en que el país compite activamente por atraer proyectos de servicios globales.
El gremio señaló que este escenario puede comprometer la sostenibilidad de uno de los sectores que más empleo formal genera en Colombia. Más allá de un debate coyuntural, insistieron en que el tema involucra la estabilidad laboral de cientos de miles de trabajadores y la confianza de las empresas que han apostado por el país como plataforma para la exportación de servicios.
En ese contexto, BPRO subrayó la importancia de que la situación alrededor del salario mínimo legal vigente se resuelva con prontitud y claridad institucional. Para el gremio, contar con reglas claras permitirá brindar seguridad jurídica tanto a los trabajadores como a los sectores productivos, además de fortalecer la confianza en Colombia como destino de inversión y desarrollo empresarial.
Finalmente, el gremio reiteró su disposición permanente al diálogo técnico y constructivo con las autoridades nacionales. Desde BPRO aseguraron que seguirán apostando por el crecimiento del país y por el desarrollo de sus regiones, pero insistieron en la necesidad de decisiones claras y oportunas que permitan proteger el empleo formal, la competitividad del sector y la estabilidad de la inversión en Colombia.
