Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto una presunta red delincuencial dedicada a apropiarse de vehículos embargados en medio de procesos civiles para luego comercializarlos ilegalmente en municipios de Sucre y Cesar. El caso, conocido tras labores de policía judicial adelantadas en Sincelejo, evidencia un modus operandi que habría aprovechado vacíos de control sobre bienes inmovilizados por orden judicial.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, los señalados integrantes de la estructura habrían constituido sociedades comerciales con el propósito de simular legalidad en la operación de parqueaderos. Estos establecimientos eran utilizados para recibir automotores afectados por decisiones judiciales, pese a que no contaban con autorización oficial para custodiar este tipo de bienes sometidos a medidas cautelares dentro de procesos civiles.
Las autoridades sostienen que, una vez los vehículos quedaban bajo su control, los implicados presuntamente se apropiaban de ellos y los incorporaban a circuitos de comercialización informal. Los automotores eran vendidos a terceros que, según la investigación, actuaban de buena fe y desconocían que se trataba de bienes con restricciones legales, lo que amplió el impacto del presunto fraude patrimonial.
El ente acusador estima que al menos 13 vehículos habrían sido sustraídos de esta manera, generando un provecho económico ilícito para la organización. La maniobra no solo afectó a los propietarios originales y a los procesos judiciales en curso, sino que también comprometió la confianza en los mecanismos de custodia de bienes sometidos a decisiones de embargo en la región.
En una primera fase operativa fueron capturados cuatro particulares mediante un trabajo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional. Los detenidos fueron identificados como William Enrique Hernández Surmay, José de Jesús Pérez Martínez, Erwin David Lamadrid Méndez y Tony Alfonso Gutiérrez Arias, señalados de cumplir roles específicos dentro del engranaje investigado.
Otro de los presuntos implicados, Carlos Enrique Campo Salina, se presentó voluntariamente ante las autoridades para comparecer dentro del proceso judicial. La Fiscalía considera que estas personas habrían actuado de manera coordinada, configurando una posible estructura organizada orientada a obtener beneficios económicos mediante la apropiación irregular de bienes sometidos a decisiones judiciales.
Los cinco procesados fueron puestos a disposición de un juez penal de control de garantías, ante quien la Fiscalía Seccional Sucre formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Durante las audiencias preliminares, tres de los investigados aceptaron los cargos, situación que será tenida en cuenta en las etapas posteriores del proceso.
Como resultado de las decisiones judiciales adoptadas, todos los vinculados deberán cumplir medida de aseguramiento domiciliaria mientras avanza la investigación. Las autoridades continúan recopilando información para determinar si existen más víctimas, otros bienes comprometidos o posibles conexiones con hechos similares, en un caso que pone bajo la lupa los controles sobre la administración de vehículos embargados.
