La Procuraduria General de la Nacion y el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes suscribieron un convenio interadministrativo orientado a fortalecer la protección, conservación y gestión del patrimonio cultural del país, mediante acciones conjuntas de carácter técnico, jurídico y preventivo, especialmente en los Bienes de Interés Cultural de propiedad pública.
El acuerdo se desarrolla bajo el principio constitucional de coordinación y colaboración armónica entre entidades del Estado, con el propósito de articular la experiencia técnica del sector cultura con las funciones de vigilancia superior, control preventivo y control de gestión que ejerce el Ministerio Público en la defensa del interés general.
La implementación y seguimiento estarán a cargo de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social, dependencia que ha identificado riesgos estructurales en la protección del patrimonio cultural inmueble. Entre los principales hallazgos se encuentran deterioro progresivo, abandono de edificaciones, intervenciones no autorizadas y debilidades en la gestión territorial.
A través de este convenio, el organismo de control busca fortalecer el acompañamiento preventivo a las entidades territoriales, promoviendo decisiones administrativas informadas y ajustadas al régimen especial de protección patrimonial, con el fin de evitar daños irreversibles y reducir riesgos jurídicos y disciplinarios asociados a la gestión de estos bienes.
La iniciativa contempla acciones de articulación interinstitucional, capacitación a funcionarios, intercambio de información técnica y acompañamiento permanente a alcaldías, gobernaciones, curadurías urbanas y demás autoridades con competencias en la administración del patrimonio cultural.
El convenio también busca fortalecer la capacidad institucional para anticipar riesgos, mejorar la planificación de intervenciones y garantizar que los procesos de conservación se desarrollen conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes, protegiendo así el valor histórico, arquitectónico y simbólico de los bienes culturales.
Con esta alianza, ambas entidades ratifican su compromiso con la defensa del patrimonio como un activo colectivo de la Nación, promoviendo una gestión más preventiva y coordinada que permita preservar la memoria histórica y cultural del país para las futuras generaciones.
