La Procuraduría General de la Nación requirió la adopción inmediata de planes de acción para mitigar los impactos en salud derivados de la emergencia ambiental que afecta al departamento de Córdoba. La solicitud se dirigió a EPS, IPS, ESE, a la Superintendencia Nacional de Salud y a entidades territoriales, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a las lluvias intensas, precipitaciones e inundaciones registradas en la región.
El Ministerio Público pidió a las Entidades Promotoras de Salud con afiliados en el territorio priorizar la atención de la población durante la calamidad. La instrucción incluye reforzar servicios de urgencias, activar rutas de atención y garantizar suministro de medicamentos e insumos. Además, se enfatizó la protección de grupos vulnerables como niños, gestantes, adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, quienes enfrentan mayores riesgos en contextos de emergencia sanitaria.
La solicitud fue elevada por la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y Seguridad Social, que subrayó la necesidad de acciones coordinadas para prevenir afectaciones adicionales a la salud pública. El organismo recordó que, en situaciones de desastre, la continuidad en la prestación de servicios médicos resulta esencial para evitar complicaciones derivadas de interrupciones en tratamientos, brotes de enfermedades y dificultades de acceso a centros asistenciales.
De manera paralela, se requirió a las secretarías de salud departamental y municipales articularse con autoridades y actores del sector para fortalecer la vigilancia epidemiológica relacionada con la emergencia. Entre las acciones señaladas se encuentran brigadas de vacunación, monitoreo de enfermedades asociadas a inundaciones y coordinación de la red pública y privada para asegurar la prestación de servicios, especialmente en zonas con afectaciones de infraestructura y movilidad.
La entidad de control también instó a garantizar que las rutas de atención se mantengan activas pese a las condiciones adversas. En contextos de lluvias e inundaciones, aumentan riesgos de infecciones, enfermedades transmitidas por vectores y complicaciones en personas con patologías preexistentes. Por ello, el fortalecimiento de la capacidad operativa del sistema de salud se considera clave para reducir impactos a corto y mediano plazo.
En su requerimiento, la Procuraduría subrayó la importancia de que las entidades adopten medidas preventivas y de seguimiento continuo. Esto implica no solo atender emergencias inmediatas, sino anticipar posibles fallas en la prestación de servicios. El monitoreo permanente busca evitar interrupciones críticas en atención médica y asegurar que la población afectada reciba respuesta oportuna, especialmente en áreas rurales con acceso limitado.
Asimismo, el organismo exhortó a la Superintendencia Nacional de Salud a ejercer funciones de control y vigilancia sobre las EPS y demás actores que operan en Córdoba. La entidad deberá adelantar acciones preventivas, revisar eventuales fallas y verificar que las medidas adoptadas se implementen efectivamente. Este seguimiento busca garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y la protección del derecho fundamental a la salud.
La emergencia ambiental pone a prueba la capacidad de respuesta institucional en el territorio. Frente a escenarios climáticos extremos cada vez más frecuentes, la articulación entre autoridades, prestadores y organismos de control se vuelve determinante. La Procuraduría reiteró que la prioridad es salvaguardar la vida y la salud de la población, asegurando que el sistema actúe con celeridad, coordinación y enfoque preventivo.
