La Procuraduría General de la Nación anunció la creación de un grupo especial encargado de hacer seguimiento y vigilancia a la declaratoria de desastre nacional adoptada por el Gobierno frente al recrudecimiento de la ola invernal. La decisión se formalizó con el propósito de supervisar la respuesta institucional y la atención a las comunidades afectadas, en el marco del Decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024, prorrogado posteriormente mediante el Decreto 1193 de 2025.
La medida del Ministerio Público responde al impacto de las intensas lluvias registradas en amplias zonas del país, que han generado emergencias humanitarias, daños en infraestructura y afectaciones a miles de familias. Uno de los departamentos más golpeados es Córdoba, donde se reportan más de 220 mil personas damnificadas por inundaciones y pérdidas materiales, situación que ha exigido la activación de mecanismos extraordinarios de atención estatal.
El equipo especial estará adscrito al despacho del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y tendrá como función principal verificar la ejecución de las acciones adelantadas por las entidades del orden nacional, departamental y municipal. La Procuraduría busca con ello fortalecer los controles preventivos y garantizar que los recursos destinados a la emergencia lleguen de manera efectiva a las poblaciones afectadas.
El grupo estará conformado por seis delegadas de distintas áreas misionales, entre ellas la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión para la vigilancia de la Función Pública, la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial y la Delegada para Asuntos Étnicos. Estas dependencias analizarán la articulación institucional y la pertinencia de las medidas adoptadas en los territorios impactados por la temporada de lluvias.
También participarán delegadas con funciones mixtas en asuntos ambientales, mineroenergéticos y agrarios, así como en temas civiles, laborales y de seguridad social. A ellas se sumará la delegada encargada de la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y la mujer, con el fin de garantizar un enfoque integral en la protección de las poblaciones más vulnerables durante la emergencia.
La estrategia contempla la participación de procuradurías regionales y provinciales de instrucción con jurisdicción en los municipios afectados, lo que permitirá presencia directa en las zonas donde se registran emergencias. Estas instancias apoyarán la verificación de ayudas, la ejecución de planes de contingencia y la actuación de las autoridades locales frente a la crisis climática.
El organismo de control explicó que la creación del grupo busca fortalecer y articular el impacto de las acciones institucionales en los ejes preventivo, disciplinario y de intervención, asegurando que las respuestas oficiales cumplan con los principios de eficiencia, transparencia y oportunidad. El seguimiento incluirá la evaluación de la coordinación interinstitucional y el cumplimiento de los protocolos de atención a damnificados.
Con esta medida, la Procuraduría pretende acompañar el proceso de atención a la emergencia y garantizar que la declaratoria de desastre nacional se traduzca en acciones concretas para la recuperación de las comunidades afectadas, en un contexto en el que la intensidad de las lluvias continúa generando retos para la gestión del riesgo y la respuesta estatal en distintas regiones del país.
