En un acto público realizado en la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano ante una concentración de trabajadores y organizaciones sociales que se manifestaban en defensa del salario mínimo vital y móvil. El mandatario aprovechó el cierre de su discurso para exhibir el documento y explicar que su producción se realiza ahora en el país, como parte de una estrategia orientada a fortalecer capacidades tecnológicas nacionales.
Según el jefe de Estado, el nuevo pasaporte representa un cambio en el modelo de elaboración del documento, al ser producido con tecnología y mano de obra local. Señaló que esta transición busca consolidar mayor autonomía institucional en la expedición de documentos oficiales, luego de la decisión gubernamental de sustituir al anterior contratista encargado del proceso, trasladando las funciones hacia esquemas con participación estatal.
El mandatario destacó que el diseño del documento incorpora elementos gráficos inspirados en la identidad cultural colombiana, con ilustraciones que evocan tradiciones musicales, paisajes y símbolos literarios. Indicó que el objetivo fue reflejar la diversidad del país en un documento que, además de su función administrativa, proyecte una narrativa visual asociada a la memoria cultural y a la representación internacional de Colombia.
En materia técnica, afirmó que el pasaporte cuenta con estándares de seguridad alineados con exigencias internacionales, incluyendo sistemas de verificación biométrica y componentes de protección contra falsificación. De acuerdo con la información oficial presentada durante el acto, el documento habría superado pruebas de validación exigidas por organismos especializados en seguridad documental, requisito necesario para su circulación en escenarios migratorios globales.
El presidente informó que el proceso de implementación ya se encuentra en marcha y que la infraestructura tecnológica requerida para su producción fue instalada en el país. Como parte del cronograma anunciado, se prevé la entrega de los primeros 50.000 ejemplares durante el mes de abril, mientras se amplía progresivamente la capacidad operativa para atender la demanda nacional.
También aclaró que los ciudadanos con pasaportes vigentes podrán continuar utilizándolos hasta su fecha de expiración, y que el nuevo modelo será expedido únicamente a quienes tramiten el documento por primera vez o deban renovarlo. La transición, explicó, será gradual para evitar traumatismos administrativos en los servicios consulares y de migración.
Durante su intervención, el presidente abrió un debate sobre el manejo de la información personal asociada a los documentos de viaje, cuestionando que bases de datos sensibles hayan estado históricamente bajo administración privada. Señaló que este tipo de información, que incluye registros biométricos y migratorios, debería permanecer bajo custodia estatal para garantizar su protección y evitar usos indebidos.
En ese contexto, expresó preocupaciones sobre eventuales riesgos derivados del cruce de datos personales con sistemas tecnológicos vinculados a procesos electorales, tema que consideró relevante para la transparencia democrática. El mandatario insistió en que el control público de la información es, a su juicio, un elemento central para asegurar confianza institucional y prevenir posibles irregularidades.
El Gobierno planteó que la producción del pasaporte a través de la Imprenta Nacional permitirá que la administración de los datos quede bajo responsabilidad directa del Estado, con protocolos orientados a la reserva, la seguridad digital y la protección de la información ciudadana. Esta decisión forma parte de una política más amplia de fortalecimiento de capacidades públicas en áreas estratégicas.
Finalmente, el presidente hizo un llamado a que las entidades correspondientes adelanten los procedimientos necesarios para trasladar la base de datos relacionada con pasaportes a la nueva entidad operadora, en línea con el modelo anunciado. El debate abierto por esta medida introduce un nuevo capítulo en la discusión sobre soberanía tecnológica, gestión de la información y el papel del Estado en la administración de servicios documentales esenciales.
