En medio de la presentación oficial del nuevo pasaporte colombiano en la Sala de Conferencias de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro desvió parte de su intervención hacia un tema que ha venido generando tensión institucional: las garantías del proceso electoral de 2026. Aunque el acto estaba centrado en los avances tecnológicos del documento de viaje, el mandatario aprovechó el escenario para cuestionar nuevamente el software electoral y responder de manera directa a publicaciones recientes de El Espectador.
El jefe de Estado criticó la nota publicada el fin de semana por ese medio, en la que se señalaba que las elecciones de 2026 estarían blindadas frente a las dudas sembradas desde el Ejecutivo. Petro sostuvo que no se trata de sembrar desconfianza sino de advertir riesgos reales en la arquitectura tecnológica que respalda la consolidación de resultados. Según afirmó, el debate no es político sino técnico, y tiene que ver con la transparencia del código fuente que soporta el sistema de escrutinio.
Durante su intervención, el mandatario insistió en que el acceso al código fuente debe ser amplio, completo y verificable por expertos independientes. Señaló que no basta con exposiciones controladas ante partidos o entes institucionales, sino que debe existir una auditoría profunda que garantice que no hay puertas traseras, vulnerabilidades o alteraciones en la programación que puedan afectar la voluntad popular expresada en las urnas.
En ese contexto, Petro volvió a mencionar la participación histórica de la firma Thomas Greg and Sons en procesos contractuales del Estado y señaló de manera puntual a ASD, empresa que describió como filial o vinculada a esa estructura empresarial. Según el presidente, esa firma habría participado en procesos tecnológicos anteriores relacionados con elecciones, lo que en su criterio amerita un escrutinio más riguroso.
El mandatario afirmó que en el pasado se han denunciado irregularidades que, aunque no hayan derivado en condenas judiciales, sí dejan preguntas abiertas sobre la trazabilidad de los datos. En esa línea, aseguró que existe una testigo que habría advertido sobre posibles inconsistencias en procesos anteriores y que, según sus palabras, estuvo presente en el recinto donde se realizaba el anuncio del nuevo pasaporte.
Sin presentar pruebas técnicas detalladas durante el evento, el presidente sostuvo que su obligación es prevenir antes que lamentar. “La democracia no se pone en riesgo cuando se audita, se pone en riesgo cuando se oculta”, señaló, reiterando que su llamado busca fortalecer la legitimidad del proceso electoral y no deslegitimar anticipadamente sus resultados.
Las declaraciones generaron un nuevo capítulo de tensión con la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que ha reiterado que el sistema electoral colombiano cuenta con protocolos de seguridad y mecanismos de auditoría. El registrador ha anunciado que el código fuente será expuesto ante partidos políticos, organismos de control y misiones de observación internacional para su revisión técnica.
Desde la Procuraduría General de la Nación también se han rechazado afirmaciones sobre un posible fraude sin pruebas verificables, argumentando que tales declaraciones pueden afectar la confianza ciudadana. El Ministerio Público ha insistido en que hasta ahora no existen evidencias técnicas que demuestren manipulación del software electoral.
Por su parte, la Misión de Observación Electoral ha advertido que las denuncias de fraude deben sustentarse en información comprobable para evitar impactos negativos en la estabilidad institucional. La organización ha defendido que el país cuenta con múltiples capas de control, incluyendo testigos electorales, veedurías y auditorías independientes.
El presidente, sin embargo, vinculó el debate electoral con el tema central del evento: la soberanía tecnológica. Señaló que así como el Gobierno decidió fortalecer el control estatal sobre la producción del nuevo pasaporte, también debe garantizar que los datos electorales estén bajo estándares máximos de seguridad y supervisión pública.
La presentación del pasaporte, que incluye medidas como fotografía fantasma, imágenes visibles solo con luz infrarroja, impresión metálica y un rediseño completo con la inclusión del nombre Comunidad Andina, terminó convirtiéndose en un escenario político de alto voltaje. Lo que inició como un anuncio técnico derivó en un fuerte pronunciamiento sobre confianza democrática.
El debate ahora trasciende lo tecnológico y se instala en el terreno político e institucional. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de una auditoría exhaustiva del código fuente y cuestiona la participación de empresas como ASD vinculadas a contratos anteriores, las autoridades electorales sostienen que el proceso está blindado. En el centro de la controversia no solo está el software, sino la confianza ciudadana en la integridad de las elecciones de 2026.
