Desde Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, solicitó que el salario mínimo sea incrementado en más de 23 % mediante decreto, tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto expedido el año anterior por el Gobierno nacional. El funcionario aseguró que las condiciones económicas del país permitirían adoptar esa medida.
El jefe de la cartera argumentó que el fallo del alto tribunal desconoció factores como la productividad laboral al momento de evaluar el incremento salarial. Según indicó, entre 1996 y 2025 la brecha entre salario mínimo y productividad habría alcanzado el 53,8 %, lo que, a su juicio, justificaría un ajuste superior al 23 % para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.
Palma sostuvo que durante las últimas décadas el salario mínimo habría permanecido rezagado frente al crecimiento de la productividad, situación que atribuyó a decisiones económicas adoptadas por gobiernos anteriores. En ese contexto, defendió la necesidad de un aumento que, según dijo, dignifique los ingresos de más de 2,5 millones de trabajadores afectados por la suspensión del decreto.
El ministro también convocó a los ciudadanos a manifestarse en las calles para respaldar el incremento del salario mínimo y expresar inconformidad frente a la decisión judicial. En su intervención ante un grupo de asistentes en el Caribe colombiano, afirmó que la movilización social es un mecanismo legítimo de participación democrática.
Durante su pronunciamiento, cuestionó el fallo del Consejo de Estado y señaló que la medida impactaría directamente el ingreso mensual de millones de hogares. Asimismo, planteó críticas hacia sectores políticos y judiciales que, según él, tendrían influencia en decisiones que afectan reformas impulsadas por el Ejecutivo.
El funcionario argumentó que el salario mínimo vital y móvil es un principio consagrado en la Constitución Política y que debe garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores. En esa línea, insistió en que el país cuenta con fundamentos económicos suficientes para decretar un ajuste superior al inicialmente propuesto.
Las declaraciones del ministro se producen en un contexto de debate jurídico y económico sobre la legalidad y sostenibilidad del incremento salarial. Mientras sectores del Gobierno defienden el ajuste como una medida de justicia social, otros actores han señalado preocupaciones sobre su impacto fiscal y macroeconómico.
El debate sobre el salario mínimo continuará en los escenarios institucionales y políticos del país, mientras las autoridades competentes analizan las implicaciones del fallo y las eventuales alternativas jurídicas para definir el monto del ajuste salarial correspondiente a 2026.
