Ministerio de Educación impone vigilancia especial y formula cargos contra la Fundación San José

 

El Ministerio de Educación Nacional adoptó un conjunto de medidas preventivas y administrativas contra la Fundación de Educación Superior San José, tras identificar situaciones que podrían afectar la calidad, legalidad y continuidad del servicio educativo. La decisión incluye vigilancia especial, exigencia de un plan de mejoramiento, ajustes institucionales obligatorios, corrección de información académica y la designación de una inspectora in situ que supervisará de forma permanente el proceso dentro de la institución.

De acuerdo con la cartera educativa, desde comienzos de 2025 la entidad fue notificada de posibles irregularidades relacionadas con la expedición de títulos. En ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, el Ministerio adelantó una etapa de indagación que incluyó visitas administrativas, revisión documental y verificación de expedientes académicos, con el fin de establecer si se estaban cumpliendo los requisitos legales y académicos exigidos para la oferta y certificación de programas de educación superior.

Como resultado de estas actuaciones, en noviembre de 2025 se abrió formalmente una investigación de inspección y vigilancia que se desarrolla en dos frentes: uno preventivo y otro sancionatorio. Según el Ministerio, esta doble vía responde al riesgo de afectación a la prestación del servicio y a la calidad educativa, así como a la necesidad de proteger de manera inmediata a los estudiantes mientras se esclarecen de fondo los hechos materia de análisis institucional.

En la vía preventiva, la institución queda bajo seguimiento permanente del Ministerio, que verificará directamente el cumplimiento de obligaciones académicas, administrativas y financieras. La Fundación deberá formular e implementar un plan de mejoramiento para corregir fallas en sus procesos internos, además de cumplir condiciones obligatorias de ajuste institucional orientadas a normalizar su funcionamiento y garantizar la prestación legal y continua del servicio educativo a su comunidad estudiantil.

Entre las medidas adoptadas se incluye la presencia de una inspectora in situ, quien acompañará y verificará el cumplimiento de las órdenes impartidas. La institución también deberá reportar y actualizar de forma obligatoria la información académica y administrativa requerida por los sistemas oficiales, así como corregir inconsistencias detectadas. Estas acciones buscan asegurar la validez de los estudios, la legalidad de los títulos y la transparencia en la gestión de la información ante las autoridades educativas.

Según el Ministerio, entre las presuntas irregularidades identificadas figuran la expedición de títulos sin verificar todos los requisitos legales, publicidad de programas académicos sin autorización, posibles pagos a docentes por debajo de los mínimos legales y la falta de reporte obligatorio de información al sistema oficial de educación superior. Estos hallazgos sustentan la adopción de medidas urgentes de control para evitar afectaciones mayores a los estudiantes y al sistema educativo.

En la vía sancionatoria, la entidad informó que el pasado 3 de febrero formuló pliego de cargos contra la institución y contra Romelia Ñuste Castro, en calidad de rectora, y Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general, por presuntos incumplimientos graves relacionados con la expedición de títulos sin el lleno de los requisitos legales. Los investigados cuentan con un plazo de 30 días para presentar descargos y solicitar pruebas, en un proceso que se adelanta con respeto al debido proceso.

El Ministerio aclaró que estas medidas no implican el cierre de la institución. La Fundación San José puede continuar con sus actividades académicas mientras cumple las obligaciones impuestas. Los estudiantes no pierden sus estudios ni sus avances académicos, ya que el objetivo central es proteger sus trayectorias educativas, garantizar la validez de los títulos y asegurar condiciones de calidad. La entidad continuará informando sobre el seguimiento y podrá mantener, ajustar o levantar las medidas según el nivel de cumplimiento institucional.

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