El Ministerio de Minas y Energía anunció un conjunto de medidas extraordinarias para mitigar el impacto social y económico de las inundaciones registradas desde comienzos de febrero en ocho departamentos del país, entre ellos Córdoba, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Gobierno nacional.
El anuncio fue realizado por el ministro Edwin Palma durante un evento en Barranquilla, donde explicó que las decisiones buscan atender tanto a las familias damnificadas como a las empresas encargadas de la prestación del servicio de energía en las regiones afectadas.
La primera medida contempla la implementación de tarifas diferenciales de energía para los hogares más vulnerables impactados por la emergencia climática. Según la cartera, esta disposición permitirá que usuarios de estratos bajos y zonas especialmente afectadas accedan a costos más bajos en el servicio eléctrico mientras se estabiliza la situación humanitaria y económica.
Como segunda acción, el ministerio exigirá a las compañías de energía reemplazar los elementos averiados mediante Esquemas de Inversión para la Recuperación de las Redes Afectadas. La regulación que se expedirá permitirá acelerar la instalación de nueva infraestructura eléctrica con criterios de mayor resiliencia frente a eventos climáticos extremos.
La entidad explicó que este mecanismo busca reconocer de manera ágil las inversiones realizadas por los operadores de red para restablecer el servicio, teniendo en cuenta que las lluvias y desbordamientos causaron daños significativos en postes, transformadores y líneas de distribución en varias zonas.
Una tercera medida está orientada a aliviar la carga financiera de las empresas prestadoras mediante Esquemas de Viabilidad Financiera que garanticen la continuidad del servicio público. Con este instrumento se pretende evitar que los déficits económicos derivados de la emergencia afecten la operación eléctrica en los territorios impactados.
El Ministerio señaló que estas acciones buscan asegurar la confiabilidad y continuidad del suministro energético en medio de la crisis, especialmente en regiones donde la actividad económica se ha reducido a causa de las inundaciones y donde el restablecimiento del servicio resulta esencial para la recuperación social.
Las disposiciones hacen parte de la respuesta institucional adoptada tras la declaratoria de emergencia, con la cual el Gobierno pretende movilizar recursos y adoptar medidas excepcionales para atender a las comunidades damnificadas y avanzar en la rehabilitación de infraestructura estratégica.
Con este paquete, la cartera de Minas y Energía busca contribuir a la estabilización de las zonas afectadas, facilitar la recuperación de los servicios públicos esenciales y apoyar a las familias que enfrentan las consecuencias de la actual temporada invernal en distintas regiones del país.
