El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural avanza en la implementación de una hoja de ruta sectorial para enfrentar los efectos del frente frío que golpea al Caribe, con especial impacto en Córdoba y Sucre. Las inundaciones y el deterioro de infraestructura rural han encendido alertas sobre la seguridad alimentaria y la estabilidad productiva, en un escenario climático de alta variabilidad cuyos efectos apenas comienzan a evidenciarse.
En el corto plazo, la estrategia prioriza la movilización y reubicación de animales en zonas anegadas, el suministro de alimentación pecuaria y la compra de alimentos frescos destinados al consumo humano. Estas acciones buscan contener pérdidas productivas, proteger el bienestar animal y garantizar el abastecimiento local, mientras las comunidades rurales enfrentan daños en cultivos, vías terciarias y sistemas de riego afectados por las crecientes.
La hoja de ruta contempla además la adopción de medidas administrativas, reglamentarias y legales para la recuperación de suelos con vocación agropecuaria. Se proyectan alivios financieros, ajustes institucionales y el alistamiento de nuevos ciclos productivos una vez disminuyan los niveles de agua. El objetivo es que la emergencia no derive en una crisis prolongada que comprometa la sostenibilidad económica de miles de familias rurales.
La ministra Martha Carvajalino señaló que, bajo las facultades de la Ley 1523 de 2012, Finagro ya dio instrucciones para refinanciar la cartera de productores afectados. El Banco Agrario ha iniciado presencia en territorio, mientras se espera que otras entidades financieras avancen en procesos similares para aliviar la presión crediticia.
Dentro del plan financiero se analizan dos líneas centrales: alivios y recomposición de créditos, y distribución de recursos mediante líneas de tasa subsidiada, incentivos de capital rural y seguros agropecuarios. Solo en pequeños productores de bajos ingresos de los departamentos afectados se registra una cartera cercana a 1,2 billones de pesos, lo que evidencia la magnitud del desafío económico y social.
La recuperación, según la cartera, no se limitará a las zonas directamente inundadas. También se busca dinamizar territorios no afectados para impulsar la economía regional y apoyar a las familias damnificadas. La articulación interinstitucional involucra a la UPRA, que levanta información sobre hectáreas y sistemas productivos impactados para dimensionar la respuesta sectorial.
En paralelo, la ADR deberá asumir procesos de drenaje de tierras anegadas, mientras la Agencia Nacional de Tierrastrabaja en la recuperación de ciénagas desecadas para restablecer flujos hídricos naturales. Estas acciones buscan reducir riesgos futuros y fortalecer la resiliencia territorial frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos.
El Ministerio mantendrá monitoreo permanente a través de mesas agroclimáticas y alertas hidrológicas. La prioridad es proteger los medios de vida rurales, garantizar la continuidad productiva y evitar que la emergencia derive en un deterioro estructural del sector agropecuario caribeño, clave para el abastecimiento nacional. La coordinación entre Nación y territorios será determinante para responder con eficacia ante un fenómeno aún en desarrollo.
