La reducción de la desigualdad en el acceso a la tierra marcó el tercer día de deliberaciones de la ICARRD+20 en Cartagena. La plenaria “Tierra, Alimentación, Trabajo” puso en evidencia la profunda disparidad global en la distribución del suelo productivo y subrayó que la seguridad alimentaria está directamente ligada a la forma como los Estados gestionan la propiedad y la protección de los territorios rurales.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, advirtió que el derecho a la alimentación comienza por enfrentar la concentración y el acaparamiento de la tierra. Señaló que si el mundo no adopta medidas para proteger los suelos fértiles, la crisis alimentaria puede convertirse en una amenaza estructural para la humanidad. También recalcó que el cuidado de la tierra es una estrategia clave frente a la crisis climática.
En el caso colombiano, estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y del Programa Mundial de Alimentos han evidenciado altos niveles de desigualdad en la distribución de la tierra, situando al país entre los más desiguales de América Latina. Este panorama, según la discusión en la plenaria, refuerza la urgencia de avanzar en procesos de reforma agraria que atiendan brechas históricas.
El relator especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, sostuvo que la declaración final debe ser sólida, pues lo que está en juego es el derecho internacional y el futuro del multilateralismo. Alertó que sin garantías firmes sobre acceso a la tierra para mujeres, jóvenes e indígenas, aumentarán las tasas de hambre, desnutrición y conflictos asociados al despojo territorial.
La Santa Sede intervino con un mensaje del papa León XIV, en el que exhortó a un cambio radical de paradigmas y a impulsar innovaciones económicas, sociales y políticas. Subrayó el papel fundamental de mujeres, jóvenes e indígenas en la lucha contra el hambre y en la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, e insistió en dignificar el trabajo agrícola como parte de una transformación cultural más amplia.
Desde África, la delegación de Tanzania propuso que la declaración final incorpore elementos de economía agraria como la acuicultura azul, los productos forestales y la agronomía sostenible, destacando su aporte al desarrollo rural. Japón, por su parte, recordó que la reforma agraria fue determinante en su reconstrucción posguerra, fortaleciendo la seguridad alimentaria, el empleo y la estabilidad social.
Armenia enfatizó que la gobernanza de la tierra y la resiliencia climática están interconectadas. Su representante señaló que la forma en que se administra el suelo incide en la productividad agrícola y en la supervivencia de los ecosistemas. Invitó a los países a fortalecer alianzas de cooperación y extendió la convocatoria a la COP17 que se realizará en octubre de 2026 en su territorio.
El consenso de la jornada fue claro: no se trata solo de producir más alimentos, sino de garantizar un acceso justo a la tierra y protegerla como bien común. Las delegaciones coincidieron en que la equidad agraria es condición indispensable para enfrentar la desigualdad, prevenir crisis alimentarias y consolidar un desarrollo rural sostenible a escala global.
