Colombia registra un aumento histórico en el acceso a la educación superior pública, con más de 347 mil nuevos estudiantes vinculados entre 2023 y 2025, gracias a un esquema de financiación que prioriza el fortalecimiento estructural de las instituciones oficiales. La inversión destinada a este propósito alcanzó los 6,8 billones de pesos en ese periodo, permitiendo ampliar cobertura, capacidad académica y sostenibilidad financiera del sistema educativo estatal en distintas regiones del país.
El avance permitió pasar de cerca de 690 mil estudiantes beneficiados en 2023 a alrededor de 930 mil en 2025, logrando que el 97 % de la matrícula en pregrado de las instituciones públicas cuente con gratuidad. Esta expansión abarca universidades, instituciones técnicas y tecnológicas, el SENA y entidades de régimen especial, consolidando un modelo que busca garantizar la educación superior como un derecho y no como un privilegio condicionado por la capacidad económica.
El crecimiento en cobertura representa el incremento más alto registrado en la historia del sistema público, con llegada efectiva a territorios donde anteriormente no existía oferta académica suficiente. La política se orienta a fortalecer la financiación desde la oferta educativa, es decir, mediante recursos directos a las instituciones, lo que les permite ampliar infraestructura, programas, planta docente y servicios de bienestar estudiantil con una base presupuestal más estable.
Para respaldar esa expansión, se asignaron 3,1 billones de pesos adicionales destinados al funcionamiento de las instituciones de educación superior públicas. Estos recursos no solo responden al aumento de estudiantes, sino que permanecen integrados al presupuesto anual, evitando la incertidumbre financiera que durante años dependió de partidas ocasionales de inversión, lo que dificultaba la planeación académica de largo plazo y la continuidad de los programas.
El nuevo esquema también asegura recursos cercanos a 3,2 billones de pesos incorporados a la base presupuestal desde 2026, con los que se proyecta beneficiar a más de 950 mil estudiantes de pregrado. Este cambio busca garantizar estabilidad en la financiación de la gratuidad y evitar fluctuaciones que en el pasado obligaban a redefinir anualmente los mecanismos de apoyo, generando incertidumbre tanto para instituciones como para los estudiantes.
El modelo actual contrasta con programas anteriores que financiaban principalmente la demanda individual mediante créditos condonables o subsidios focalizados. Esos esquemas, aunque permitieron el acceso de miles de jóvenes, implicaban altos costos por estudiante y concentraban buena parte de los recursos en matrículas del sector privado, sin fortalecer de manera estructural la educación pública ni ampliar significativamente la cobertura territorial.
En muchos casos, los beneficiarios de esos programas enfrentaban deudas elevadas al no cumplir los requisitos de condonación, con obligaciones financieras que podían extenderse durante más de una década. El nuevo enfoque busca evitar ese escenario, eliminando barreras económicas de entrada y reduciendo el riesgo de endeudamiento juvenil, al tiempo que fortalece la capacidad institucional para responder al crecimiento sostenido de la demanda educativa.
Las autoridades educativas señalan que este cambio apunta a consolidar un sistema más equitativo, con mayor presencia regional y mejores condiciones de permanencia estudiantil. La apuesta se centra en garantizar acceso, continuidad y calidad, con una financiación pública más eficiente y estable que permita proyectar la educación superior como motor de movilidad social, desarrollo territorial y formación de capital humano para las próximas generaciones.
