Más de 1.500 personas en zonas rurales del Cauca accedieron por primera vez a energía eléctrica gracias a una intervención solar impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa beneficia a comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado, la dispersión geográfica y la ausencia de servicios básicos, consolidando un avance significativo en la transición energética y en el cierre de brechas sociales.
Con una inversión de $11.930 millones, fueron instalados 374 sistemas solares fotovoltaicos individuales, cada uno con capacidad de 1,34 kWp por vivienda. Estas soluciones permiten suministro continuo en hogares que durante años dependieron de velas, lámparas de petróleo o plantas diésel. El acceso a energía limpia transforma de manera directa las condiciones de vida y fortalece la permanencia en el territorio.
La intervención fue liderada por el Ministerio de Minas y Energía junto al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas, en el marco del programa Colombia Solar. Esta estrategia nacional busca llevar electricidad renovable, confiable y sostenible a regiones apartadas, promoviendo equidad, desarrollo productivo y mayor presencia institucional en territorios históricamente excluidos.
El despliegue priorizó comunidades rurales dispersas en cuatro municipios del departamento. En Sotará fueron beneficiadas 143 familias, en Piendamó–Tunía 131, en Argelia 74 y en Patía 28. La cobertura impacta directamente la vida cotidiana de los hogares, mejorando condiciones de estudio, trabajo, comunicación y seguridad en sectores que durante décadas permanecieron sin conexión eléctrica.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, destacó que la transición energética debe sentirse primero en los territorios con mayores necesidades. Señaló que llevar energía limpia al Cauca no es solo instalar paneles solares, sino cerrar brechas históricas, fortalecer la productividad rural y ofrecer oportunidades reales a comunidades que hoy se integran al desarrollo energético nacional.
Por su parte, el director del IPSE, Danny Ramírez, subrayó que cada conexión representa un cambio profundo en la vida de las familias. Indicó que cuando una comunidad enciende por primera vez un bombillo, se activa también un proceso de transformación social, educativa y económica que reafirma el papel de la energía como motor de desarrollo territorial.
El impacto se refleja en la sustitución de combustibles fósiles y en la adopción de soluciones solares autónomas que garantizan servicio permanente. Las familias ahora cuentan con iluminación estable, posibilidad de refrigeración de alimentos, uso de equipos eléctricos y mejores condiciones para actividades productivas, lo que fortalece su autonomía y calidad de vida.
En términos ambientales, la intervención aportará más de 183.900 kilovatios hora anuales de energía limpia, reduciendo emisiones contaminantes y promoviendo un modelo sostenible de electrificación rural. Con esta estrategia, el Gobierno consolida una política de transición energética que prioriza la equidad, el desarrollo regional y la integración efectiva de comunidades históricamente olvidadas.
