Las circunscripciones especiales para comunidades afrodescendientes en la Cámara de Representantes hacen parte del diseño constitucional que busca ampliar la representación política de los grupos étnicos en Colombia. Su origen se remonta a la Constitución de 1991 y a desarrollos normativos posteriores que reconocen la necesidad de que poblaciones históricamente excluidas participen de manera directa en las decisiones legislativas. Más allá de una figura simbólica, estas curules tienen las mismas facultades que cualquier escaño en la Cámara.
En este contexto, Jorge Iván Mina es candidato a la Cámara de Representantes por las circunscripciones especiales nacionales afro,. Su aspiración se inscribe en un debate que trasciende lo electoral: el alcance real de estas curules, su capacidad de incidencia en políticas públicas y el papel que cumplen dentro de la estructura del Congreso, especialmente en discusiones clave como el Plan Nacional de Desarrollo y las reformas sectoriales.
Para Mina, el eje está en que la representación étnica no se limite a lo identitario, sino que tenga impacto en la agenda nacional. Desde su perspectiva, el desafío es que estas curules logren articular las demandas históricas de las comunidades afro con debates estructurales del país, como infraestructura, desarrollo territorial, seguridad y derechos sociales, en un escenario legislativo donde su voto tiene el mismo peso que el de cualquier otro representante. Y por eso el director de Revista Impacta Jhonatan Rojas habló con el.
Director Impacta: ¿Qué es una circunscripción especial y cómo funciona dentro de la Cámara de Representantes?
Jorge Mina: Una circunscripción especial es un mecanismo de representación creado para que grupos étnicos, como comunidades afro e indígenas, tengan voz directa en el Congreso. Nace con la Constitución del 91, cuando se reconoce que Colombia es un país plural y que esa diversidad debe verse en las instituciones. Funciona como una elección nacional: cualquier ciudadano puede votar por esa curul en el territorio nacional e incluso desde el exterior. La idea no es crear “congresistas de segunda”, sino garantizar que haya representación con enfoque diferencial, capaz de incidir en leyes, debates y control político para que las políticas públicas recojan realidades que antes quedaban por fuera.
D.I.: ¿De dónde surge esta figura y cuál es su sentido histórico?
J.M.: La figura surge con la reforma constitucional de 1991 y luego se desarrolla con normas como la Ley 70 de 1993, que impulsa la participación de las comunidades afrodescendientes. Más tarde, la Ley Estatutaria 649 de 2001 reglamenta estas curules. El sentido histórico es la reparación: reconocer que hubo exclusión y que el Estado debe abrir espacios reales de decisión. El problema es que, por vacíos en la regulación, han llegado personas que no representan de verdad los territorios ni la agenda afro. Por eso la discusión de fondo es cómo defender la filosofía original: que estas curules sean instrumento para coherencia, incidencia y construcción de políticas públicas afro con enfoque serio, técnico y legítimo.
D.I.: ¿Qué facultades tiene un representante afro en la Cámara frente a cualquier otro congresista?
J.M.: Tiene exactamente las mismas. Mi voto vale lo mismo que el de cualquier representante, y la tarea es la misma: legislar, hacer control político, debatir presupuestos, proponer proyectos y trabajar en comisiones. Pero hay un punto estratégico: la incidencia en el Plan Nacional de Desarrollo. Cuando usted participa en esa concertación, puede poner sobre la mesa proyectos de infraestructura, vías, inversión social, programas productivos y planes territoriales que muchas veces no llegan a regiones afro. Además, existe una bancada de parlamentarios afro, con acompañamiento técnico institucional, que permite articular agendas. Por eso insisto: estas curules no son decorativas; si se ocupan con conocimiento y propósito, pueden mover decisiones nacionales.
D.I.: En su campaña usted insiste en que no se trata solo de “representar a afrodescendientes”. ¿Cómo lo plantea?
J.M.: Lo planteo desde una idea simple: todos somos Colombia. Ser representante afro no significa legislar solo para “los negros”, significa aportar una mirada diferencial a un proyecto nacional. En nuestro mensaje hablamos de inclusión, de romper discriminaciones y de construir consensos con sectores diversos: mujeres, víctimas, campesinos, fuerza pública, jóvenes. La identidad afro suma al país, no lo fragmenta. Por eso nuestra agenda toca pobreza, transformación del campo, biodiversidad y turismo étnico y gastronómico, derechos de familia y de la mujer, y salida a lógicas de violencia. La curul afro puede ser una plataforma para integrar, para que lo étnico no sea marginal sino parte central del desarrollo y la democracia.
D.I.: Usted viene de la Policía y habla de una ley de seguridad nacional. ¿Qué busca con esa propuesta?
J.M.: Busco cerrar la brecha entre ciudadanía y Fuerza Pública y darle claridad institucional al país. Yo soy un ejemplo de movilidad social: entré como patrullero, estuve diez años, y esa experiencia me permitió formarme como abogado. Tengo gratitud con la institución, pero también conciencia de sus retos. Una ley de seguridad nacional debería definir roles, responsabilidades y garantías, y también atender deudas históricas como el deterioro del poder adquisitivo, que termina afectando a soldados y policías. Si una fuerza pública está mal remunerada y sin horizonte, crece el riesgo de corrupción y se debilita su misión. La idea es dignificar y profesionalizar para que protejan vidas y bienes con legitimidad y cercanía ciudadana.
