En Colombia, los juegos de suerte y azar continúan siendo una práctica arraigada en la cultura popular, asociada al entretenimiento y a la expectativa de obtener premios. No obstante, el crecimiento del sector también ha impulsado la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y pedagogía ciudadana que promuevan hábitos saludables, evitando conductas de riesgo y garantizando que la experiencia se mantenga dentro de límites responsables para todos los usuarios activos.
En este contexto, Grupo Gelsa, operador de la marca Paga Todo, ha desarrollado campañas orientadas a fomentar el llamado juego responsable, mediante información clara, acompañamiento en puntos de atención y formación permanente a sus colaboradores. Estas acciones buscan que los apostadores comprendan los riesgos asociados al uso inadecuado del dinero, aprendan a establecer límites y reconozcan el juego como una actividad recreativa segura dentro de entornos regulados y supervisados legalmente.
Como parte de esta estrategia, la compañía ha realizado activaciones pedagógicas que, durante el último año, han llegado a miles de ciudadanos con recomendaciones prácticas sobre control del gasto y toma de decisiones informadas. Paralelamente, cerca de catorce mil colaboradores reciben capacitación continua en normativas de juego legal, con el propósito de garantizar transparencia, orientación adecuada y servicio responsable a los usuarios, fortaleciendo la confianza en el sector regulado formal.
Especialistas coinciden en que jugar responsablemente implica establecer un presupuesto previo, respetarlo sin excepciones y evitar recurrir a préstamos o recursos destinados a necesidades básicas. Asimismo, recomiendan no intentar recuperar pérdidas mediante nuevas apuestas, práctica que puede generar ciclos perjudiciales. La clave está en asumir el juego como una forma de ocio ocasional, sin que interfiera en la vida personal ni afecte la estabilidad económica o emocional del jugador habitual.
Otro aspecto fundamental es apostar únicamente en operadores autorizados, ya que la legalidad ofrece garantías sobre el pago de premios, la protección de datos y la destinación de recursos a causas sociales. En contraste, el juego ilegal carece de controles y puede derivar en fraudes o pérdidas sin respaldo. La regulación permite que parte de estos ingresos se transfieran al financiamiento del sistema de salud pública nacional y regional solidaria.
De acuerdo con cifras del sector, la operación regulada ha generado aportes significativos a la salud pública durante más de dos décadas, superando el billón de pesos transferidos en ese periodo. Solo en el último año, los recursos entregados ascendieron a decenas de miles de millones, reflejando cómo la actividad, cuando es vigilada, puede convertirse en una fuente estable de financiación social para programas médicos y atención ciudadana prioritaria integral.
Las empresas del sector también han impulsado alianzas con autoridades y entidades reguladoras para combatir redes ilegales y fortalecer la confianza de los usuarios. Mesas de trabajo, campañas informativas y acuerdos por la legalidad hacen parte de estas iniciativas orientadas a proteger al consumidor. El objetivo es consolidar un ecosistema transparente donde entretenimiento, control estatal y responsabilidad social avancen de manera conjunta con reglas claras para todos los actores participantes.
En un contexto donde el acceso digital amplía las posibilidades de participación, el llamado de las autoridades y operadores es a mantener una relación equilibrada con estas actividades. La promoción del juego responsable se proyecta como un componente esencial de la sostenibilidad del sector, al asegurar que su crecimiento esté acompañado de educación, prevención y beneficios colectivos que trasciendan el entretenimiento inmediato y aporten valor social duradero en las comunidades.
