La Fiscalía General de la Nación informó la judicialización de Gustavo de Jesús Rivera Agudelo, señalado como presunto cabecilla de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del ‘Clan del Golfo’, con injerencia en el nordeste antioqueño. Según las autoridades, el hombre estaría implicado en acciones de intimidación contra la población civil en los municipios de San Roque y Maceo para imponer las directrices del grupo armado ilegal.
De acuerdo con la investigación, Rivera Agudelo habría intervenido de manera indebida en conflictos comunitarios, estableciendo restricciones, prohibiciones y multas a los habitantes mediante amenazas. Estas prácticas, al parecer, buscaban consolidar control territorial y obtener recursos económicos para la organización criminal mediante mecanismos de presión sobre la ciudadanía.
Las autoridades indicaron que el procesado también sería responsable de promover desplazamientos forzados y de auspiciar el cobro de extorsiones a comerciantes, mineros, transportadores y otros sectores económicos de la región. Estas exigencias ilegales se habrían convertido en una forma de permitir o restringir el desarrollo de actividades productivas bajo la influencia del grupo armado.
La captura se realizó en el corregimiento de San José del Nus, jurisdicción del municipio de San Roque, en una operación articulada con unidades del Gaula de la Policía Nacional. El procedimiento hace parte de las acciones dirigidas a afectar las estructuras financieras y de control territorial de organizaciones criminales con presencia en Antioquia.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado presentó al detenido ante un juez penal de control de garantías y le imputó el delito de concierto para delinquir agravado. El cargo no fue aceptado por el procesado durante las audiencias preliminares.
Por decisión judicial, Rivera Agudelo deberá permanecer privado de la libertad en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra, en el que se evaluarán las pruebas recaudadas por las autoridades.
La Fiscalía señaló que este tipo de conductas evidencian estrategias de control social ilegal mediante las cuales los grupos armados buscan reemplazar funciones del Estado, imponiendo normas paralelas y obteniendo recursos mediante coerción a las comunidades.
Las autoridades reiteraron que continuarán las investigaciones para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar posibles responsabilidades adicionales dentro de la estructura, en una ofensiva que busca debilitar la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones en la región.
