La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Édison Javier Castillo Cortés y Franklin Daniel Angulo Cortés, señalados como presuntos integrantes de la columna móvil Mariscal Sucre de las disidencias de las Farc. Según la investigación, estarían implicados en homicidios, secuestros, actos de tortura y otras conductas ilícitas cometidas en el departamento de Nariño, en un contexto de presión e intimidación sobre la población y comerciantes.
De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían promovido acciones armadas y de amedrentamiento en el municipio de Barbacoas, con el propósito de imponer directrices del grupo armado ilegal en la región. Las autoridades sostienen que estas actividades buscaban consolidar control territorial y presionar el pago de extorsiones a comerciantes y habitantes, generando afectaciones a la seguridad y a las dinámicas económicas locales.
Castillo Cortés, señalado como presunto cabecilla de una estructura urbana, es investigado por un homicidio ocurrido el 21 de marzo de 2025. La víctima sería un ciudadano que se había instalado en un asentamiento informal en Barbacoas. Este hecho hace parte de los eventos analizados por la Fiscalía dentro de un conjunto de conductas que, según el expediente, se relacionan con acciones de control e intimidación.
Asimismo, las autoridades indican que ambos habrían participado en la retención de un hombre entre el 27 y el 28 de julio de 2025. Durante ese periodo, la víctima habría sido sometida a tratos crueles y degradantes, según lo expuesto en la audiencia. Este caso se investiga como parte de las acciones atribuidas a la estructura ilegal en su estrategia de coerción contra la población.
En otro de los hechos señalados, se investiga el secuestro de una mujer que, presuntamente, no accedió a pagar una suma de dinero exigida para permitirle desarrollar su actividad económica. Las autoridades sostienen que esta conducta estaría relacionada con mecanismos de presión financiera implementados por el grupo armado para obtener recursos ilícitos.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tortura, extorsión y secuestro. La imputación se realizó en el marco de las diligencias judiciales adelantadas ante el juez competente.
Durante la audiencia, los investigados no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal y se continúan las etapas procesales previstas en la ley.
La Fiscalía señaló que esta información se divulga por razones de interés general. El caso se enmarca en las acciones institucionales orientadas a enfrentar estructuras criminales que operan en distintas regiones del país y que, según las autoridades, afectan la seguridad de la población y el orden público.
