La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres integrantes de un mismo núcleo familiar señalados de participar en un presunto esquema de estafa relacionado con ofertas de vivienda en Duitama, Boyacá. Según la investigación, los procesados habrían captado recursos de ciudadanos interesados en adquirir casa propia mediante proyectos inmobiliarios inexistentes o que no contaban con licencias de construcción, generando afectaciones económicas a decenas de víctimas durante varios años.
Los judicializados fueron identificados como Nelson Guarín Dueñas, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque, quienes, de acuerdo con el ente acusador, habrían estructurado una estrategia para generar confianza en los compradores. Las autoridades sostienen que los investigados ofrecían planes habitacionales con supuestas facilidades de pago, lo que resultaba atractivo para familias que buscaban acceder a soluciones de vivienda en el municipio boyacense.
Las evidencias recopiladas indican que entre 2018 y 2024 el grupo familiar habría recibido sumas de dinero destinadas a la separación de inmuebles, respaldadas por promesas de compraventa que finalmente no se materializaban. El monto apropiado superaría los 1.536 millones de pesos, con al menos 45 personas afectadas, quienes confiaron en la aparente legalidad de los proyectos y en la documentación presentada durante las negociaciones.
De acuerdo con la Fiscalía, cada integrante habría cumplido roles específicos dentro del presunto entramado. Nelson Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, era quien mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se desarrollarían los proyectos urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la percepción de legalidad frente a los interesados en adquirir vivienda.
Por su parte, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque habrían contribuido a consolidar la fachada de credibilidad mediante la exhibición de planos arquitectónicos y la afirmación de que los documentos contaban con avales institucionales. Estas actuaciones, según la investigación, generaban tranquilidad en los compradores, quienes procedían a realizar pagos confiando en la viabilidad de los desarrollos habitacionales ofrecidos.
Un fiscal de la Seccional Boyacá presentó a los tres procesados ante un juez de control de garantías, donde les fue imputado el delito de estafa agravada en modalidad de masa. Durante las audiencias, los señalados no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador, por lo que el proceso continuará en las etapas judiciales correspondientes, mientras se determina su eventual responsabilidad penal.
En relación con las medidas adoptadas, el juez dispuso que Nelson Guarín Dueñas cumpla medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Entretanto, Yolanda Lucía Divantoque Gómez deberá permanecer privada de la libertad en su lugar de residencia, decisión que busca garantizar su comparecencia al proceso. La situación jurídica de Diego Alejandro Guarín Divantoque seguirá su curso dentro del trámite judicial.
El caso pone nuevamente en evidencia los riesgos asociados a ofertas inmobiliarias sin verificación legal y resalta la importancia de que los ciudadanos revisen licencias de construcción, registros empresariales y autorizaciones oficiales antes de realizar inversiones. Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de hechos y a acudir a canales institucionales para validar la legalidad de proyectos que involucren recursos destinados a vivienda.
