Santander avanza en la ejecución de 15 proyectos energéticos que buscan ampliar el acceso a gas natural domiciliario, GLP por redes y soluciones ecoeficientes, con una inversión de $51.675 millones que beneficiará a cerca de 20 mil hogares. La iniciativa, liderada por el Ministerio de Minas y Energía, apunta a mejorar las condiciones de vida de comunidades urbanas y rurales mediante el acceso a energías más limpias y seguras.
Los proyectos se desarrollan en municipios como Piedecuesta, Cepitá, San Vicente de Chucurí, Suaita, Güepsa, Lebrija, Barichara, Socorro, San Benito, Gámbita, Carmen de Chucurí, Zapatoca, Tona, Santa Ana y Guavatá, territorios donde históricamente el uso de leña o combustibles de alto costo ha sido la principal alternativa para la cocción de alimentos.
La intervención impactará directamente a 19.246 hogares, con prioridad en zonas rurales y sectores populares que enfrentan mayores brechas de acceso a servicios públicos. Con ello se busca no solo ampliar la cobertura energética, sino también reducir desigualdades estructurales asociadas al uso de combustibles tradicionales.
De acuerdo con el Ministerio, el acceso a gas domiciliario permitirá disminuir la exposición al humo dentro de las viviendas, un factor asociado a enfermedades respiratorias y afectaciones a la salud, especialmente en mujeres, niños y adultos mayores, quienes permanecen más tiempo en los espacios de cocina.
El componente social de los proyectos incorpora un enfoque de género, al reconocer que las labores domésticas vinculadas a la preparación de alimentos han recaído históricamente sobre las mujeres. La sustitución de la leña por energías más limpias reduce tiempos de trabajo no remunerado y mejora las condiciones de bienestar en los hogares.
Las autoridades destacan que esta expansión representa la mayor inversión en infraestructura de gas en la historia reciente del departamento, consolidando un modelo de transición energética con énfasis territorial que busca integrar a regiones tradicionalmente rezagadas en materia de servicios básicos.
Además del impacto en salud y calidad de vida, los proyectos generan alivios económicos para las familias, al disminuir los gastos asociados a la compra de combustibles alternativos y reducir costos derivados de enfermedades relacionadas con la contaminación intradomiciliaria.
Con estas acciones, el Gobierno nacional señala que avanza en una estrategia de justicia energética orientada a garantizar acceso equitativo a servicios modernos, promover energías más sostenibles y fortalecer el desarrollo regional mediante infraestructura que responda a las necesidades reales de las comunidades.
