La Policía Nacional, en articulación con el Ejército, desarrolló una ofensiva operativa contra el apoderamiento ilegal de hidrocarburos en los departamentos de Cesar y Santander, con resultados que incluyeron capturas, incautaciones y la recuperación de combustible destinado a economías ilícitas. Las acciones se enmarcan en la estrategia institucional para debilitar las finanzas de organizaciones criminales que utilizan estos recursos para sostener actividades ilegales.
En la vereda Mahoma, del municipio de Aguachica (Cesar), fueron capturadas dos personas por el delito de receptación y se recuperaron aproximadamente 4.995 galones de diésel que, según las autoridades, serían empleados en operaciones ilícitas. Durante el procedimiento se inmovilizaron dos vehículos y se incautaron 18 isotanques, 10 canecas plásticas y tres dispositivos móviles utilizados como parte de la logística para el transporte ilegal.
De acuerdo con la investigación, esta infraestructura hacía parte de la cadena de abastecimiento utilizada por estructuras del Frente de Guerra Nororiental del ELN y por Grupos de Delincuencia Común Organizada que operan en la región. El combustible era distribuido mediante rutas clandestinas para sostener actividades que afectan la seguridad y el equilibrio ambiental en varias zonas del país.
De manera simultánea, en el sector Ciénaga del Opón, en Barrancabermeja (Santander), el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos ejecutó la Operación Opón, logrando la incautación de 1.345 galones adicionales de combustible. Entre lo decomisado se encontraban 640 galones por establecer, 210 galones de gasolina y 495 galones de diésel, almacenados de forma irregular.
Las autoridades estimaron que estas acciones representan una afectación económica superior a los 62.242 millones de pesos para las redes dedicadas a este delito, golpeando de manera significativa su capacidad financiera y operativa en el Magdalena Medio. Este tipo de operaciones busca interrumpir los circuitos ilegales que conectan la extracción, transporte y comercialización clandestina de hidrocarburos.
Las investigaciones señalan que los combustibles recuperados estaban destinados al abastecimiento de cultivos ilícitos en Norte de Santander, a operaciones de minería ilegal en el sur de Bolívar y a otras economías criminales que generan impactos ambientales severos, contaminación de fuentes hídricas y deterioro de ecosistemas estratégicos.
El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, afirmó que los resultados reflejan una acción coordinada contra un delito que financia estructuras armadas y produce graves afectaciones sociales y ambientales. Según indicó, la institución continuará desplegando capacidades operativas e investigativas para proteger los recursos naturales y frenar las economías ilícitas.
Por su parte, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental reiteró que mantendrá operaciones de control, prevención e investigación en zonas críticas, con el objetivo de preservar el capital natural del país y fortalecer la seguridad de las comunidades. Estas intervenciones buscan consolidar una respuesta sostenida del Estado frente a delitos que combinan criminalidad organizada, daño ambiental y afectación al desarrollo regional.
