En el marco de la clausura de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, el Gobierno Nacional y representantes de comunidades campesinas, pueblos indígenas y pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros firmaron en Cartagena el Pacto Nacional por la Implementación de la Reforma Agraria y Acuaria Estructural, Integral y Popular. El documento marca un compromiso político para avanzar en la transformación estructural del campo colombiano.
El texto parte de un reconocimiento histórico: la desigualdad en la tenencia de la tierra tiene raíces en procesos de despojo y violencia contra pueblos indígenas y comunidades negras desde antes de la era republicana, así como en la persecución y exclusión del campesinado. El pacto asume una autocrítica institucional frente a estas deudas y reconoce la legitimidad de las luchas sociales por la tierra y el territorio.
El acuerdo recoge el Mandato por los Territorios, la Tierra, el Agua, los Ríos, los Mares y la Naturaleza, construido durante encuentros interculturales adelantados en 2025 y 2026 entre el Ministerio de Agricultura y organizaciones sociales. Este mandato plantea la redistribución, la democratización del campo y la recuperación de los vínculos originarios, ancestrales y comunitarios con el territorio.
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, señaló que el pacto representa la voluntad política de implementar integralmente ese mandato, en diálogo con los deberes constitucionales y los estándares internacionales de derechos humanos. La ruta contempla la articulación con instrumentos como el Plan Decenal de Reforma Agraria y otros mecanismos de planeación y presupuesto.
Uno de los ejes centrales es garantizar la implementación progresiva del mandato mediante acciones normativas, programáticas y presupuestales, respetando los mecanismos de Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado. El Gobierno se compromete a promover escenarios de diálogo intercultural para el seguimiento y la participación reforzada de las comunidades en la toma de decisiones.
El pacto también reconoce la autonomía de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, así como de las comunidades campesinas. La implementación deberá armonizarse con sus sistemas propios de gobierno, formas de gestión territorial y estructuras colectivas de decisión, fortaleciendo la autodeterminación y la gobernanza comunitaria.
En materia de seguimiento, las partes acordaron promover mecanismos conjuntos de concertación y evaluación de avances. Las organizaciones firmantes reafirmaron que mantendrán sus instancias de incidencia y movilización para impulsar reformas ante el Congreso y otras ramas del poder público, orientadas a materializar el mandato y consolidar cambios institucionales.
Finalmente, el Gobierno se comprometió a visibilizar el mandato en escenarios internacionales e invitar a Estados y organismos multilaterales a respaldarlo. El Pacto se proyecta como base para una reforma agraria y acuaria estructural, integral y popular, orientada a construir una Colombia en paz, con democracia y justicia social, económica y ambiental.
