El Gobierno nacional reiteró que la activación de cooperación internacional frente a emergencias solo procede mediante solicitud formal del Estado colombiano y no por iniciativas externas o requerimientos locales. La aclaración se da en medio de la atención a la situación registrada en el departamento de Córdoba, donde, según las autoridades, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene plena capacidad técnica, logística y operativa para responder a las afectaciones derivadas de la temporada de lluvias.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lidera la coordinación institucional de la respuesta, articulando a entidades nacionales, departamentales y municipales, así como a organismos de socorro y comunidades. Como parte del protocolo, la entidad realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades para determinar el alcance de la emergencia, identificar los recursos requeridos y establecer si las capacidades nacionales son suficientes para atender la situación.
De acuerdo con el procedimiento vigente, mientras el país cuente con los medios necesarios, la atención se desarrolla exclusivamente con recursos propios. Solo en caso de que la magnitud del evento supere esas capacidades, la UNGRD eleva una solicitud formal al Ministerio de Relaciones Exteriores para activar los mecanismos diplomáticos de cooperación, lo que garantiza que cualquier apoyo externo responda a necesidades previamente definidas por criterios técnicos.
La Cancillería es el único canal autorizado para gestionar esa cooperación ante la comunidad internacional. A través de embajadas, consulados y misiones diplomáticas, comunica los requerimientos del país y coordina la eventual recepción de asistencia junto con el Grupo de Cooperación Internacional de la UNGRD, asegurando que los apoyos se integren de manera ordenada al sistema nacional de respuesta.
En paralelo, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional adelanta contactos con organizaciones no gubernamentales, el sector privado y la academia, con el fin de canalizar posibles contribuciones bajo los lineamientos oficiales del Estado. Este esquema busca evitar duplicidades, garantizar la transparencia en la gestión de ayudas y asegurar que los recursos se orienten a las prioridades definidas en terreno.
El Gobierno explicó que el llamado Llamamiento Internacional solo se activa cuando las capacidades nacionales resultan completamente insuficientes, escenario que, según las autoridades, no se presenta actualmente. Este mecanismo está contemplado en la normativa colombiana y en disposiciones del sistema internacional de asistencia humanitaria, y debe ser suscrito por el presidente de la República, quien define el tipo de ayuda requerida y los términos de su ejecución.
Las autoridades también señalaron que la declaratoria de Emergencia Económica adoptada por el Gobierno no está dirigida a la fase inmediata de respuesta, sino a garantizar la recuperación integral posterior al desastre, incluyendo reconstrucción, reactivación productiva y apoyo social a las comunidades afectadas. Se trata de una herramienta orientada a la estabilización y rehabilitación de los territorios impactados.
Con este pronunciamiento, el Ejecutivo subrayó que Colombia cuenta con un sistema institucional articulado para enfrentar desastres naturales, en el que la cooperación internacional se activa únicamente cuando es necesaria y bajo conducción estatal. La respuesta en Córdoba, insistieron las autoridades, continúa desarrollándose con recursos nacionales, bajo coordinación técnica y con garantías de soberanía en la gestión de la emergencia.
