El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno solicitará una aclaración formal al magistrado Juan Camilo Morales, del Consejo de Estado, tras la suspensión provisional de los decretos que establecieron el salario mínimo vital y el auxilio de transporte. La decisión judicial abrió un nuevo capítulo en el debate jurídico, económico y social sobre el alcance de la política salarial adoptada por el Ejecutivo.
Durante una alocución televisada, el mandatario expresó que respeta y acata la determinación del alto tribunal, aunque manifestó su desacuerdo con la medida cautelar. Indicó que el Ejecutivo buscará precisar los fundamentos jurídicos del auto antes de expedir el decreto transitorio ordenado, cuyo plazo de emisión es de ocho días mientras se adopta una decisión de fondo.
El jefe de Estado sostuvo que el concepto de “carácter prevalente” del salario mínimo, contenido en la jurisprudencia constitucional, debe ser el eje de interpretación. A su juicio, este principio obliga a priorizar la garantía de una remuneración digna para los trabajadores, en concordancia con los artículos 25 y 53 de la Constitución, que consagran la especial protección del trabajo.
Petro defendió los incrementos salariales aplicados durante su administración y aseguró que buscan recuperar el poder adquisitivo de los hogares. Según explicó, los aumentos reales registrados en los últimos años responden a la necesidad de cerrar brechas históricas y avanzar hacia un salario que permita cubrir la canasta básica familiar sin afectar el dinamismo económico.
En paralelo, el Gobierno convocó a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por representantes del movimiento sindical y del empresariado, con el propósito de discutir el nuevo decreto transitorio. El encuentro será liderado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, como escenario de diálogo para construir consensos en torno a la política salarial.
El mandatario planteó que esta discusión debe ampliarse a un “Pacto por la Vida”, una agenda de concertación que incluya temas estructurales como las tasas de interés, la competitividad de las exportaciones, los costos de producción agrícola, la reforma a la salud y el sistema pensional. Según afirmó, el objetivo es avanzar hacia acuerdos que fortalezcan el crecimiento económico y la equidad social.
Como parte de su respuesta política a la suspensión del decreto, el presidente convocó a movilizaciones ciudadanas en todo el país el próximo jueves 19 de febrero, fecha en la que invitó a los trabajadores y organizaciones sociales a concentrarse en plazas públicas para expresar su respaldo al salario vital y al proceso de concertación nacional.
El debate continuará en los escenarios judiciales y técnicos mientras el Consejo de Estado resuelve el fondo del proceso. Entretanto, el Ejecutivo insiste en que la política salarial debe entenderse como una herramienta de justicia social y dinamización económica, mientras distintos sectores analizan sus efectos en productividad, empleo y estabilidad macroeconómica.
