El Ministerio de Educación Nacional informó que acata el fallo judicial que ordena hacer efectiva la designación de José Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia. La decisión fue adoptada en sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, presidida por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial competente.
La cartera educativa señaló que el acatamiento responde al respeto por el Estado social de derecho y al principio de separación de poderes, subrayando que las instituciones públicas deben cumplir las decisiones de los jueces. No obstante, dejó constancias formales sobre su desacuerdo con algunos aspectos del proceso que condujo a la determinación judicial.
Según el Ministerio, la postura de sus representantes ha estado orientada a garantizar la autonomía universitaria como principio constitucional, entendido como una facultad que debe ejercerse con la participación de todos los estamentos de la comunidad académica. En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer mecanismos de gobernanza democrática al interior de la institución.
El viceministro Ricardo Moreno afirmó que cumplir el fallo es una obligación constitucional, pero reiteró que la universidad no puede convertirse en escenario de intereses políticos o particulares. Añadió que debe preservarse como un espacio autónomo, guiado por el interés general, el debate académico y la voluntad colectiva de profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad universitaria.
En su pronunciamiento, el Ministerio destacó que, más allá de la coyuntura, el Ejecutivo ha mantenido una política sostenida de fortalecimiento institucional hacia la Universidad Nacional. Entre las acciones mencionadas figuran incrementos presupuestales, ampliación de cobertura, impulso a la regionalización y desarrollo de proyectos de infraestructura en distintas sedes del país.
La entidad también subrayó iniciativas orientadas a mejorar el bienestar estudiantil, la permanencia académica y la expansión territorial de la universidad, incluyendo avances en sedes como Tumaco. Estas medidas, indicó, buscan consolidar el carácter público de la institución y su papel estratégico en el desarrollo científico, social y cultural de Colombia.
Asimismo, el Consejo Superior Universitario consideró necesario adelantar un proceso de empalme público que permita dar continuidad al Plan Global de Desarrollo aprobado previamente, con el fin de asegurar estabilidad administrativa y académica tras la controversia generada por la designación rectoral.
Finalmente, el cuerpo colegiado aprobó elevar ante la Corte Constitucional la revisión de la tutela relacionada con este caso, en busca de mayor claridad jurídica. El Ministerio reiteró su llamado a preservar la confianza en la universidad como centro de pensamiento crítico, deliberación democrática y construcción de conocimiento al servicio del país.
