El aumento del fraude financiero en Colombia refleja una tensión creciente entre amenazas que evolucionan con rapidez y modelos de gestión del riesgo que permanecen anclados en enfoques tradicionales. Más que un problema exclusivamente tecnológico, especialistas señalan que el fenómeno revela una brecha cultural dentro de las instituciones, que continúan tratando el fraude como un costo operativo previsible, en lugar de asumirlo como un asunto estratégico de liderazgo y transformación organizacional.
Datos de Asobancaria indican que en la primera mitad de 2025 se registraron 218.000 reclamaciones por fraudes en canales financieros. Las modalidades más reportadas fueron compras en línea, fraude digital y robo de datos de tarjetas. Estas cifras evidencian la dimensión del fenómeno y su impacto directo en usuarios que dependen cada vez más de canales digitales para sus transacciones diarias.
Un análisis de EPAM Systems plantea que el crecimiento del fraude no responde únicamente a delincuentes más sofisticados, sino a culturas institucionales excesivamente conservadoras. Según esta lectura, durante años muchas entidades han abordado el fraude desde la lógica de cumplimiento normativo, priorizando estar alineadas con regulaciones antes que desarrollar capacidades dinámicas de prevención y respuesta en tiempo real.
Las consecuencias recaen en el usuario final. Reportes de DataCrédito Experian señalan que la gran mayoría de colombianos percibe el fraude como un problema frecuente, y una proporción significativa afirma haber sido víctima recientemente. Esta regularidad cuestiona la velocidad de las medidas operativas básicas y sugiere que, en varios casos, las decisiones de protección se adoptan cuando el daño ya ocurrió.
El problema se agrava cuando la prevención queda fragmentada entre áreas legales, de riesgo u operaciones, estructuras diseñadas para minimizar exposición más que para innovar. En estos esquemas, los equipos antifraude suelen carecer de autonomía, presupuesto y herramientas actualizadas, lo que deriva en modelos que tardan meses en ajustarse, mientras las redes criminales operan con esquemas ágiles y en tiempo real.
Esta desconexión cultural impacta también la experiencia del cliente. Sistemas basados en reglas rígidas generan falsos positivos y rechazos innecesarios, afectando la confianza y elevando costos operativos. Paradójicamente, mientras los bancos buscan reducir riesgos, pueden terminar generando fricciones que deterioran la relación con sus usuarios y abren espacio para alternativas financieras más flexibles.
El análisis subraya que la verdadera ventaja competitiva radica en la capacidad de respuesta. Instituciones que no reaccionan con rapidez pueden perder dinero, credibilidad y margen operativo. Además, el aumento de litigios vinculados a fallas en la protección contra el fraude comienza a impactar costos de adquisición de clientes y requerimientos de capital, extendiendo el problema más allá del ámbito operativo.
Expertos proponen evolucionar hacia modelos basados en inteligencia en tiempo real, análisis de comportamiento y toma de decisiones integrada al negocio. Algunas entidades ya transforman sus equipos antifraude en unidades ágiles, con enfoque de producto y responsabilidad directa sobre resultados, lo que permite detectar fraudes con mayor precisión y habilitar procesos más fluidos, como onboarding digital o aprobaciones instantáneas.
Para el sistema financiero colombiano, el desafío no se limita a incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Se trata de un cambio de mentalidad donde la prevención del fraude deje de verse como requisito de cumplimiento y pase a entenderse como mecanismo de protección del crecimiento y la reputación. En un entorno digital acelerado, la confianza se convierte en el activo más valioso y, al mismo tiempo, en el más frágil.
