La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en agosto de 2007 para la adquisición y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento. El proceso, que ahora entra en etapa de juzgamiento, se relaciona con un convenio cuyo valor superó los 650 millones de pesos y que, según el ente investigador, presentó fallas en su planeación, celebración y ejecución.
De acuerdo con la acusación presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exmandatario habría omitido sus deberes constitucionales de control, vigilancia y seguimiento sobre la contratación pública, permitiendo que se materializaran anomalías administrativas. La investigación sostiene que dichas irregularidades afectaron el cumplimiento del objeto contractual y generaron un detrimento patrimonial en favor de terceros.
Entre las inconsistencias detectadas se encuentran deficiencias en la etapa precontractual, como la elaboración de estudios previos incompletos y la ausencia de un censo poblacional que permitiera establecer con precisión cuántos menores en condición de vulnerabilidad serían beneficiados y en qué municipios se encontraban. Estas falencias, según la Fiscalía, evidenciarían falta de planeación y de justificación técnica del proyecto.
El proceso también cuestiona el mecanismo de selección del contratista, ya que no se adelantó una licitación pública. En su lugar, fue escogida de manera directa una fundación que, de acuerdo con la investigación, no contaba con la idoneidad ni la capacidad operativa necesaria para ejecutar las actividades previstas en el contrato, lo que habría comprometido la transparencia y la eficiencia del proceso.
En la fase de ejecución se habrían presentado incumplimientos significativos. El contratista entregó únicamente 36.000 de los 130.000 juguetes pactados inicialmente, lo que representó una reducción sustancial en la cobertura del programa social. A ello se sumó la modificación del contrato que incrementó el valor unitario de los artículos de 5.000 a 6.500 pesos, decisión que, según la Fiscalía, generó un beneficio económico indebido.
Las autoridades estiman que estas actuaciones permitieron la apropiación de aproximadamente 416 millones de pesos en favor de terceros, configurando un posible daño a los recursos públicos destinados a la población infantil vulnerable. Este aspecto constituye uno de los elementos centrales del caso que ahora será analizado en la fase judicial correspondiente.
Por estos hechos, el exgobernador fue acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. La Fiscalía sostiene que existen elementos materiales probatorios suficientes para sustentar la acusación y demostrar las presuntas responsabilidades derivadas de la contratación cuestionada.
El proceso continuará ante la Corte Suprema de Justicia, instancia competente para conocer el caso por la calidad del acusado como exfuncionario aforado al momento de los hechos. En esta etapa se evaluarán las pruebas presentadas por las partes para determinar si existieron responsabilidades penales en la celebración y ejecución del contrato investigado.
