La controversia entre Famisanar EPS y la IPS Rohi sumó un nuevo capítulo tras la radicación de una carta en la que el gerente de ese prestador lanzó acusaciones contra el agente especial interventor y otros funcionarios de la entidad. La EPS respondió con un rechazo categórico a los señalamientos, calificándolos como infundados, y anunció acciones legales para defender la actuación institucional durante la actual intervención administrativa.
Según la entidad promotora de salud, las afirmaciones contenidas en el documento carecen de sustento probatorio y afectan de manera directa la reputación de los funcionarios señalados. Famisanar sostiene que las acusaciones no corresponden a los procedimientos oficiales ni a las decisiones adoptadas en el marco del proceso de vigilancia que adelantan las autoridades, cuyo propósito central ha sido estabilizar la prestación del servicio a los afiliados.
La EPS informó que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el gerente de la IPS Rohi por el presunto delito de calumnia, solicitando además que se investigue si hubo falsa denuncia o fraude procesal. Con esta acción judicial, la entidad busca que las autoridades determinen responsabilidades y aclaren el origen de los señalamientos que, asegura, generan desinformación entre usuarios y opinión pública.
Famisanar también indicó que desde el inicio de la intervención, en noviembre de 2025, se identificaron posibles irregularidades en la prestación de servicios por parte de la IPS mencionada. Entre ellas, la entidad reportó hallazgos relacionados con inconsistencias en procesos de facturación, cobros por servicios a usuarios fallecidos y presuntas fallas en la atención, situaciones que habrían sido puestas en conocimiento de las instancias competentes.
Otro de los puntos de tensión tiene origen en la terminación unilateral del contrato por parte de la IPS Rohi, ocurrida el 29 de diciembre de 2025, decisión que, según la EPS, dejó sin atención inmediata a cerca de cuatro mil afiliados. La entidad aseguró que desde entonces ha debido implementar medidas de contingencia para garantizar la continuidad de los tratamientos y reubicar a los pacientes dentro de su red.
En su pronunciamiento, Famisanar afirmó que parte de los argumentos expuestos en la carta se apoyan en información que no guarda relación con la operación real de la EPS. Incluso señaló que se habrían utilizado imágenes de personas homónimas a funcionarios para sustentar acusaciones, lo que, a juicio de la entidad, incrementa la gravedad de los hechos y justifica la intervención de la justicia.
La entidad subrayó que el proceso de intervención busca corregir fallas estructurales, fortalecer la transparencia administrativa y recuperar la confianza en la prestación del servicio de salud. En ese contexto, insistió en que cualquier denuncia debe tramitarse por los canales institucionales y con respaldo documental, evitando afirmaciones públicas que puedan afectar la estabilidad del sistema y la tranquilidad de los afiliados.
Famisanar reiteró que más de 2.500 trabajadores continúan enfocados en garantizar la atención en todo el país pese a la controversia. Mientras avanzan las investigaciones, el caso se perfila como un nuevo episodio en las tensiones entre aseguradores y prestadores del sistema, un escenario que vuelve a poner bajo escrutinio los mecanismos de control, contratación y vigilancia en la prestación de los servicios de salud.
Sección
Salud
