El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural continúa consolidando las Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA) como una de las principales estrategias para anticipar riesgos climáticos y traducir la información científica en decisiones productivas concretas. Con una inversión cercana a $1.200 millones anuales, el país cuenta actualmente con 24 mesas territoriales activas que permiten orientar la producción agropecuaria frente a la variabilidad climática.
Impulsadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la FAO, estas mesas funcionan como espacios de articulación entre productores, comunidad científica, instituciones técnicas y entidades territoriales, donde los datos climáticos se interpretan y se transforman en recomendaciones prácticas para cultivos, ganadería, uso del agua y manejo sanitario.
La estrategia ha ampliado su alcance en los últimos años. Entre 2021 y 2025 pasó de 14 a 22 mesas territoriales y hoy tiene presencia en todas las regiones del país, fortaleciendo la capacidad local para enfrentar fenómenos como El Niño, La Niña y eventos extremos asociados al cambio climático.
Entre 2024 y 2025 se realizaron 447 diálogos territoriales en 30 departamentos, con la participación directa de 7.175 actores, entre productores, extensionistas, universidades, autoridades ambientales y entidades públicas. Además, el efecto multiplicador de la información permitió llegar de manera indirecta a más de 5.200 actores adicionales cada mes.
Las Mesas Técnicas Agroclimáticas han facilitado la construcción participativa de 66 calendarios agroclimáticos, la activación de redes comunitarias de monitoreo del clima y la articulación de 17 corporaciones ambientales junto con 15 universidades y centros de investigación en el análisis territorial de los impactos climáticos sobre la producción.
Como parte de las acciones preventivas frente al incremento de lluvias asociado a frentes fríos y condiciones de variabilidad climática, el Ministerio programó nuevas sesiones territoriales en Sincelejo y Montería, donde productores, gremios y autoridades locales reciben información actualizada sobre riesgos, alertas sanitarias, manejo de drenajes y recomendaciones de siembra.
Estos espacios permiten que el conocimiento científico se traduzca en decisiones oportunas en finca, ayudando a reducir pérdidas productivas, proteger los medios de vida rurales y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a eventos climáticos cada vez más frecuentes.
Con esta estrategia, el Gobierno busca consolidar una gestión del riesgo basada en ciencia, conocimiento territorial y participación comunitaria, fortaleciendo la capacidad del campo colombiano para anticiparse al clima y garantizar la seguridad alimentaria del país.
