En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades ejecutaron la extinción de dominio de dos bienes inmuebles en la localidad de Usaquén, en Bogotá, como parte de las acciones orientadas a debilitar las finanzas de organizaciones criminales que operaron en el país. La medida hace parte de las estrategias de persecución patrimonial contra economías ilícitas que buscan ocultar recursos.
El procedimiento se desarrolló en el marco del Plan Ayacucho Plus, mediante el cual tropas de la Décima Tercera Brigada adelantaron labores coordinadas con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). La operación se sustentó en meses de seguimiento judicial, análisis financiero y labores de inteligencia que permitieron ubicar los bienes presuntamente adquiridos con recursos provenientes de actividades ilegales desarrolladas por integrantes del denominado Bloque Norte.
Las diligencias incluyeron allanamientos ejecutados por el Gaula Militar Cundinamarca y el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 5, unidades que desplegaron capacidades operacionales para garantizar la efectividad del procedimiento judicial. Durante la intervención se verificó la situación jurídica de los inmuebles y se materializó la ocupación con fines de extinción de dominio, conforme a las disposiciones legales vigentes en materia de lucha contra el crimen organizado.
Los bienes afectados corresponden a un apartamento y un parqueadero ubicados en un sector residencial del norte de la capital, los cuales estarían avaluados en cerca de 500 millones de pesos. Según las autoridades, estos activos habrían sido utilizados como mecanismo para ocultar capitales ilícitos, integrándolos al sistema económico formal mediante maniobras destinadas a aparentar legalidad en su adquisición y posesión.
La extinción de dominio constituye una herramienta clave dentro de la política criminal del Estado, pues permite atacar directamente las estructuras financieras que sostienen a los grupos ilegales. Más allá de las capturas, este tipo de acciones busca desarticular los soportes económicos que facilitan la continuidad de las actividades delictivas, reduciendo su capacidad logística, operativa y de expansión territorial en diferentes regiones.
De acuerdo con fuentes oficiales, la investigación permitió establecer vínculos entre los inmuebles y operaciones asociadas a economías ilícitas, lo que llevó a las autoridades judiciales a ordenar la medida cautelar. El proceso continuará ahora en etapa de administración por parte de las entidades competentes, mientras se define su destinación final conforme a los procedimientos establecidos por la ley colombiana.
Las autoridades señalaron que la articulación interinstitucional fue determinante para alcanzar este resultado, al integrar capacidades militares, investigativas y judiciales en una sola operación. Este modelo de trabajo coordinado ha sido priorizado para enfrentar fenómenos complejos como el lavado de activos, el ocultamiento de bienes y la consolidación de patrimonios ilegales derivados de estructuras armadas organizadas.
Con esta acción, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad de Bogotá y Cundinamarca, así como con el desarrollo de operaciones orientadas a proteger a la población y a afectar las fuentes de financiación del crimen. Las autoridades indicaron que continuarán adelantando investigaciones similares, enfocadas en desmantelar redes económicas ilegales y fortalecer la legalidad en los territorios.
