Un salón de clase dentro de un centro penitenciario parece, a simple vista, un contraste imposible. Sin embargo, desde 2016, el convenio entre UNIMINUTO y el INPEC ha convertido ese escenario en una ruta real de resocialización. Nueve años después, la educación superior se consolida como herramienta de segunda oportunidad para hombres y mujeres privados de la libertad en distintas regiones del país.
A diciembre de 2025, 152 estudiantes intramurales cursaban programas profesionales en Comunicación Social, Trabajo Social, Licenciatura en Lenguas Extranjeras y Administración de Empresas. La cifra va más allá del aula: 44 personas privadas de la libertad y 10 integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia ya son egresados, mientras quienes recuperan su libertad reciben acompañamiento para continuar su proceso académico y laboral.
Los centros penitenciarios beneficiados incluyen COBOG La Picota, El Buen Pastor, La Modelo, además de establecimientos en Pereira, Jamundí, Bucaramanga, Chocontá e Ibagué. En estos espacios, estudiar no solo implica adquirir conocimientos, sino resignificar el proyecto de vida. El dato que más resalta es que entre quienes culminaron su carrera y recuperaron la libertad se registra 0 % de reincidencia, un indicador contundente del impacto social del programa.
El modelo se sostiene con un esquema solidario: matrículas financiadas por fondos del INPEC como Códigos de Paz y Renacer, aportes de UNIMINUTO y contribuciones de los propios estudiantes, con apoyo adicional del voluntariado de la Pastoral Penitenciaria Católica Emaús. A esto se suman inversiones en infraestructura académica, como bibliotecas instaladas en La Picota y El Buen Pastor con más de 300 libros técnicos.
En el establecimiento El Buen Pastor, el proceso tiene un énfasis particular en mujeres privadas de la libertad. Allí, 45 estudian de manera intramural y siete bajo detención domiciliaria. Varias egresadas continúan su formación profesional o ejercen su carrera, mientras otras avanzan en segundas titulaciones, demostrando que la educación no se detiene con la libertad, sino que se proyecta como herramienta de autonomía económica.
Ibagué es otro punto clave. Desde 2017, el convenio opera en el complejo de Picaleña, donde privados de la libertad y funcionarios del sistema comparten aulas. La Gobernación del Tolima asume el 100 % de las matrículas, lo que permitió que en 2024 cinco estudiantes se graduaran como profesionales y que decenas más avancen en Administración de Empresas y Comunicación Social.
El programa ha trascendido fronteras académicas. Representantes de la iniciativa han sido ponentes en espacios internacionales en México, donde la experiencia colombiana se expuso como modelo de reinserción social basada en educación superior. Estos escenarios posicionan el convenio como una buena práctica regional en contextos penitenciarios.
Para 2026, las proyecciones incluyen ampliar beneficios a familias de estudiantes, fortalecer alianzas estratégicas, mejorar aulas informáticas y organizar el primer encuentro internacional de experiencias pedagógicas en entornos penitenciarios. El propósito es claro: ampliar cobertura y dignificar los ambientes de aprendizaje.
Más que cifras, el convenio revela una convicción: la educación puede ser un punto de quiebre. Entre muros de concreto, los títulos profesionales se convierten en llaves simbólicas para abrir nuevas oportunidades, demostrando que la resocialización no es un discurso, sino un proceso que se construye clase a clase.
