El Estado colombiano dio un paso histórico al reconocer formalmente los territorios de las comunidades pesqueras mediante el Decreto 149 del 11 de febrero de 2026. Con la creación de los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios, el país incorpora por primera vez a pescadores artesanales, continentales y marítimos como sujetos territoriales dentro de la Reforma Agraria, saldando una deuda histórica con estos actores rurales.
La nueva figura establece una territorialidad anfibia que reconoce la relación cultural, económica y ambiental que estas comunidades mantienen con ríos, mares, ciénagas y humedales. Los Ecosistemas Acuáticos Agroalimentarios se equiparan a figuras como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios afrodescendientes, consolidando un marco jurídico que fortalece su gobernanza y participación en el ordenamiento territorial nacional.
El decreto reconoce que la actividad pesquera no solo sustenta economías locales, sino que aporta al Derecho Humano a la Alimentación y a la conservación de la biodiversidad. En un contexto de crisis climática, estos territorios del agua adquieren relevancia estratégica para la soberanía alimentaria, la adaptación ambiental y la protección de ecosistemas fundamentales para la seguridad hídrica del país.
En términos prácticos, la figura permitirá recuperar playones indebidamente ocupados, formalizar ocupaciones históricas y frenar cercamientos ilegales. También busca evitar el desecamiento de cuerpos de agua y proteger humedales frente a actividades incompatibles, como ganadería extensiva o intervenciones sin adecuada articulación territorial, fortaleciendo así la defensa jurídica de los espacios donde históricamente han trabajado las comunidades pesqueras.
El respaldo institucional implica priorización de inversión pública en estos territorios. Las áreas declaradas como EAA podrán acceder a proyectos productivos, infraestructura, asistencia técnica, financiamiento y cooperación internacional. De esta manera, la medida no se limita a un reconocimiento simbólico, sino que se proyecta como instrumento de desarrollo rural con enfoque territorial y ambiental.
La creación de los EAA fue resultado de un proceso participativo desarrollado entre 2024 y 2025, que incluyó mesas técnicas interinstitucionales, diálogo con organizaciones pesqueras y consultas públicas nacionales. Este componente de concertación busca legitimar la figura y garantizar que responda a necesidades reales de las comunidades vinculadas históricamente a los ecosistemas acuáticos del país.
La norma no reemplaza la Ley 2268 de 2022, que protege derechos sociales de pescadores artesanales y de subsistencia, sino que la complementa. Mientras esa ley establece garantías sociales, el decreto amplía la dimensión territorial, ambiental y productiva, integrando sostenibilidad y seguridad alimentaria en un mismo instrumento jurídico dentro de la política agraria nacional.
Con este reconocimiento, las comunidades pesqueras ingresan formalmente a los instrumentos de la Reforma Agraria, fortaleciendo su papel en la gobernanza del agua y el desarrollo rural. El Gobierno anunció que continuará la pedagogía territorial e impulsará la identificación de territorios piloto, consolidando esta figura como herramienta estratégica para equidad, protección ambiental y dignificación del trabajo pesquero.
