En Colombia, la acción de tutela se ha convertido en el principal mecanismo para la defensa de derechos fundamentales. Sin embargo, su crecimiento sostenido está elevando la presión sobre la Rama Judicial. Solo en el primer trimestre de 2025 se radicaron 73.393 tutelas por salud, un aumento del 25,3 % frente al mismo periodo de 2024, reflejando una tendencia que mantiene en alerta al sistema.
El volumen anual confirma la magnitud del reto. En 2024 se recibieron 952.251 tutelas, lo que representó un incremento del 13,2 % respecto a 2023. Durante ese mismo año, el sistema gestionó 3.263.743 expedientes y resolvió 2.672.412 procesos. La Jurisdicción Ordinaria concentró la mayor carga, con 1.889.322 casos asumidos, 174.384 más que el año anterior.
Ante este panorama, el país ha avanzado en procesos de digitalización. Sin embargo, muchas iniciativas se han limitado a trasladar documentos físicos a formatos digitales, escanear expedientes o automatizar formularios. Aunque esto ordena la información y facilita el acceso, no modifica la ecuación de fondo: el volumen sigue creciendo y la capacidad humana continúa siendo finita.
En ese contexto, la firma tecnológica Xertica.ai plantea que el siguiente salto no consiste en trabajar más, sino en transformar la manera de trabajar. La propuesta apunta a pasar de la digitalización documental a la toma de decisiones basada en inteligencia artificial con análisis de data multimodal, capaz de integrar texto, imágenes y otros formatos de información.
Según Gustavo de Paula, Country Manager de Xertica.ai en Brasil, la tecnología agéntica permite analizar inventarios completos de procesos, identificar patrones en casos repetitivos y preparar minutas con sustento verificable. La idea es que el operador judicial concentre su tiempo en los asuntos complejos, mientras la IA apoya tareas repetitivas bajo reglas claras y trazabilidad jurídica.
A diferencia de modelos tradicionales que generan respuestas generales, la IA aplicada al ámbito judicial opera bajo parámetros definidos: consulta normas, jurisprudencia y lineamientos institucionales específicos. No emite opiniones libres, sino que estructura borradores con referencias verificables para revisión humana, lo que preserva el criterio del juez y garantiza control institucional.
Este enfoque busca habilitar lo que se conoce como Fair Decision Making o toma de decisiones justa, un modelo en el que la tecnología no reemplaza al funcionario judicial, sino que optimiza el flujo de trabajo, reduce tiempos y promueve mayor consistencia en casos similares. La automatización de tareas mecánicas libera tiempo para el análisis profundo y la ponderación jurídica.
Como referencia, la compañía documenta implementaciones en el sector público donde la IA generativa ha reducido tiempos de elaboración de documentos de 30 a 5 días hábiles en procesos piloto aún en fase de adopción. En un sistema con presión creciente y expectativas ciudadanas cada vez más altas, el debate ya no es si digitalizar, sino cómo integrar tecnología avanzada sin sacrificar garantías y autonomía judicial.
