La destitución de José Jerí como presidente de Perú el 17 de febrero de 2026 volvió a sacudir el ya frágil escenario institucional del país andino. El Congreso aprobó su salida del cargo tras una votación que evidenció la rápida pérdida de respaldo político del mandatario, quien apenas llevaba cuatro meses en funciones. La decisión se produjo en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades y reavivó el debate sobre la gobernabilidad en una nación marcada por sucesivas crisis presidenciales.
Jerí había asumido la jefatura del Estado en octubre de 2025, no mediante elección popular directa, sino por sucesión constitucional tras la salida de la entonces presidenta Dina Boluarte. En su calidad de titular del Congreso, le correspondió ocupar el Ejecutivo en un contexto de transición. Desde el inicio, su administración fue considerada provisional, con la tarea de conducir al país en medio de tensiones políticas, cuestionamientos ciudadanos y una economía que demandaba señales de estabilidad.
La crisis que precipitó su caída se intensificó por denuncias relacionadas con presunto tráfico de influencias y reuniones no declaradas con empresarios, lo que generó sospechas sobre posibles negociaciones indebidas. Aunque Jerí rechazó las acusaciones, los señalamientos fueron suficientes para que distintas bancadas promovieran la moción de vacancia. La presión política creció con rapidez y terminó por erosionar la ya limitada base de apoyo que sostenía su mandato.
El Congreso, que en los últimos años ha tenido un papel determinante en la continuidad o salida de los presidentes peruanos, volvió a convertirse en el epicentro de la crisis. La votación que selló la destitución reflejó una mayoría parlamentaria decidida a removerlo del cargo, reiterando un patrón que se ha repetido con frecuencia en la última década. Este mecanismo constitucional, aunque legal, ha sido cuestionado por su uso recurrente como herramienta de confrontación política.
La salida de Jerí convierte a Perú en uno de los países con mayor rotación presidencial en la región durante los últimos años. En menos de una década, la nación ha visto pasar múltiples mandatarios entre destituciones, renuncias y sucesiones extraordinarias. Este fenómeno ha debilitado la continuidad de políticas públicas y ha generado incertidumbre tanto en el ámbito interno como en la percepción internacional sobre la estabilidad del sistema democrático peruano.
Analistas consideran que la reiteración de estas crisis responde a un modelo institucional altamente fragmentado, donde el Ejecutivo gobierna con escaso respaldo legislativo y enfrenta un Congreso con amplias facultades para declarar la vacancia presidencial. La ausencia de consensos duraderos ha convertido la confrontación política en un rasgo estructural, dificultando la implementación de reformas económicas y sociales de largo alcance.
Tras la destitución, corresponde nuevamente al Congreso definir la línea de sucesión, lo que implicará la designación de un nuevo presidente interino mientras se mantiene el calendario político previsto. Este procedimiento, aunque contemplado por la Constitución peruana, ha dejado la sensación de una transición permanente, en la que los gobiernos carecen de tiempo suficiente para consolidar una agenda antes de enfrentar nuevas disputas.
El episodio confirma que la crisis política peruana no responde a hechos aislados, sino a una dinámica prolongada de enfrentamientos institucionales y desconfianza entre poderes del Estado. La destitución de José Jerí se suma así a una cadena de episodios que siguen redefiniendo el rumbo del país, mientras persiste el desafío de construir mayor estabilidad, legitimidad democrática y capacidad de gobernar en medio de la fragmentación política.
