A cuatro años de la Sentencia C-055 de 2022 de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, el país continúa evaluando sus efectos en la salud pública y en la garantía de los derechos reproductivos. El fallo marcó un cambio jurídico significativo al reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un servicio esencial de salud, con implicaciones directas en la reducción de prácticas inseguras.
Desde entonces, 213.895 mujeres y personas gestantes han accedido a servicios seguros a través de Profamilia, evitando recurrir a procedimientos clandestinos que históricamente representaban riesgos médicos y sociales. Solo en 2025 se registraron 59.532 atenciones en todo el territorio nacional, lo que evidencia una demanda sostenida por servicios legales, acompañados y regulados dentro del sistema de salud colombiano.
El 94,5 % de los procedimientos realizados durante el último año correspondió a abortos farmacológicos practicados antes de la semana 12 de gestación, una tendencia consistente con estándares internacionales de atención temprana. Este comportamiento refleja un mayor acceso a información y a rutas médicas formales, factores que contribuyen a disminuir complicaciones asociadas a intervenciones realizadas en condiciones de clandestinidad o sin acompañamiento sanitario.
Especialistas en salud sexual y reproductiva señalan que la despenalización permitió trasladar un problema históricamente oculto hacia el ámbito de la atención médica segura. Este cambio ha favorecido la prevención de emergencias obstétricas, la reducción de costos hospitalarios derivados de complicaciones y la generación de protocolos clínicos más claros, integrados al sistema de salud como parte de los servicios de atención integral.
No obstante, el acceso continúa siendo desigual según la región y las condiciones socioeconómicas. Mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes o en contextos de vulnerabilidad enfrentan mayores barreras geográficas, institucionales y culturales. Estas brechas evidencian que el reconocimiento jurídico del derecho no siempre se traduce en garantías efectivas, especialmente en territorios con limitada infraestructura médica o escasez de personal capacitado.
Otro de los desafíos identificados es la aplicación adecuada de la objeción de conciencia, la cual, según la jurisprudencia, es individual y no puede ser ejercida por instituciones. Las autoridades sanitarias han reiterado que los centros de salud deben asegurar la prestación del servicio mediante profesionales disponibles, evitando demoras o negaciones que puedan afectar la oportunidad de la atención.
El fortalecimiento de la formación médica, la ampliación de perfiles autorizados para prestar el servicio y la implementación de herramientas como la telemedicina aparecen como estrategias clave para cerrar las brechas territoriales. Asimismo, la necesidad de contar con sistemas de información robustos permitiría monitorear la prestación del servicio, identificar desigualdades y diseñar políticas públicas basadas en evidencia verificable.
En un contexto de debate público y de decisiones políticas durante 2026, distintos sectores han insistido en la importancia de mantener la discusión desde un enfoque de salud pública, autonomía y equidad. El balance de estos cuatro años muestra avances en la reducción de riesgos sanitarios, pero también plantea el reto de garantizar que el acceso sea real, oportuno y digno para todas las personas, sin distinción territorial o social.
