En el marco de la ICARRD+20, sesionó en Cartagena la última Comisión Intersectorial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural del gobierno del presidente Gustavo Petro. El encuentro reunió a ministros y directores de entidades estratégicas para presentar un balance de gestión y dejar trazadas rutas pendientes en materia de redistribución, formalización y desarrollo territorial.
La sesión fue presidida por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien calificó como positivo el balance de la administración en materia de implementación de la reforma agraria. Según señaló, el proceso permitió avanzar en transformaciones estructurales, aunque reconoció que aún existen debates y desafíos por resolver en la consolidación de un sistema rural más equitativo y sostenible.
Durante su intervención, la ministra destacó que uno de los avances centrales fue la formalización de más de dos millones de hectáreas para pueblos indígenas. Explicó que este proceso no solo implica reconocimiento de propiedad, sino también fortalecimiento de infraestructura pública, legalización de tenencias y consolidación de derechos colectivos. Enfatizó que estos resultados buscan responder a deudas históricas con comunidades rurales afectadas por exclusión y conflicto.
A la reunión asistieron los ministros de Interior, Hacienda, Justicia, Trabajo, Comercio, Ambiente, Vivienda, Ciencia e Igualdad, además de directivos del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural. La presencia intersectorial evidenció la intención de articular políticas fiscales, sociales y productivas bajo un mismo enfoque redistributivo.
Uno de los anuncios relevantes estuvo a cargo de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Nhora Mondragón, quien presentó un documento CONPES que redefine el marco redistributivo rural. El texto incorpora el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional y propone la creación de la jurisdicción agraria y rural como instrumento jurídico permanente.
El nuevo marco también reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada como eje de política pública. Según lo expuesto, este enfoque busca integrar producción, acceso a tierra y sostenibilidad ambiental en una visión de largo plazo. La apuesta, señalaron los funcionarios, es consolidar un sistema que combine seguridad jurídica, justicia agraria y fortalecimiento de economías campesinas y étnicas.
En calidad de invitados especiales participaron delegados de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como organizaciones campesinas, pescadoras, mujeres rurales y representantes del Pueblo Rom. Su presencia subrayó la dimensión plural de la reforma agraria y la necesidad de que las decisiones institucionales incluyan la diversidad territorial y cultural del país.
El cierre de la comisión coincidió con un momento simbólico: la discusión internacional sobre tierra y desarrollo rural en la ICARRD+20. Para el Ejecutivo, el balance presentado constituye un legado institucional que deberá ser evaluado en los próximos años. Para organizaciones sociales y sectores académicos, el reto será traducir los avances normativos en transformaciones tangibles que consoliden equidad y acceso real a la tierra en Colombia.
