El Estado colombiano recibió el 27 y 28 de enero la visita del presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José Luis Caballero, en el marco de la socialización del informe “Los impactos de la violencia sobre los derechos humanos en Colombia”. El documento reúne diagnósticos y recomendaciones orientadas a fortalecer la garantía de derechos y los procesos de consolidación de paz en el país.
La agenda oficial se desarrolló en Bogotá con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, que recibió la visita promocional de la CIDH. El informe es resultado de un trabajo articulado entre la Comisión, organizaciones de la sociedad civil y entidades de las tres ramas del poder público, integrando análisis institucional y aportes de distintos sectores.
El documento formula 57 recomendaciones dirigidas al Estado colombiano, con énfasis en la reducción de desigualdades, la construcción de un modelo de seguridad con enfoque humano y la implementación integral del Acuerdo Final de Paz de 2016. Entre sus conclusiones, la CIDH plantea la necesidad de revisar el paradigma de la “guerra contra las drogas” y avanzar hacia políticas centradas en salud pública y derechos humanos.
Las reuniones sostenidas durante la visita fueron presididas de manera conjunta por la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Cancillería y la Presidencia de la CIDH. Estos espacios marcaron el inicio de una agenda de diálogo que incluye encuentros con autoridades nacionales y actores relevantes en distintos escenarios de la capital.
La Cancillería agradeció a la CIDH su labor de monitoreo y análisis de la situación de derechos humanos en Colombia, así como la presentación de recomendaciones orientadas al fortalecimiento institucional. Asimismo, reiteró el compromiso del Estado con el derecho internacional de los derechos humanos, la Convención Americana y el Sistema Interamericano como referentes para la democracia y la paz.
La visita se enmarca en la cooperación continua entre Colombia y el sistema interamericano, que ha acompañado distintos procesos de seguimiento a la situación de derechos humanos. El informe presentado se suma a otros mecanismos de evaluación y diálogo que buscan aportar insumos técnicos para la formulación de políticas públicas y la protección de la población.
Con esta agenda, las autoridades nacionales y la CIDH abrieron un nuevo espacio de intercambio orientado a la implementación de recomendaciones y al fortalecimiento de las capacidades estatales. El proceso se proyecta como un paso dentro de los esfuerzos institucionales para atender los impactos de la violencia y avanzar en escenarios de garantía de derechos en el país.
