En el marco de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, realizada en Cartagena, la canciller Yolanda Villavicencio lideró el panel “20 años después. Balance sobre la distribución de la tierra, el agua y los territorios”. El espacio abrió la agenda política del encuentro con un análisis sobre avances, retos y tensiones persistentes desde la Declaración de Porto Alegre de 2006.
El objetivo del panel fue sentar las bases conceptuales para los debates de la Conferencia, mediante una reflexión colectiva sobre el estado actual de la justicia agraria. La discusión se centró en identificar tendencias globales, desafíos estructurales y brechas de implementación, a partir de un balance crítico de los compromisos asumidos hace dos décadas por la comunidad internacional.
Durante su intervención, la canciller recordó que la Declaración de Porto Alegre marcó un hito en el multilateralismo agrario. Señaló que en 2006 la comunidad internacional reconoció que la reforma agraria y el desarrollo rural sostenible eran condiciones esenciales para erradicar el hambre y la pobreza, estableciendo compromisos orientados a garantizar acceso equitativo a la tierra.
La ministra enfatizó que esos compromisos incluyeron la seguridad jurídica de la tenencia, la participación activa de comunidades rurales y el reconocimiento del papel central de mujeres y jóvenes en el campo. Según indicó, estos principios continúan vigentes y deben fortalecerse ante los desafíos actuales en materia de desigualdad territorial y sostenibilidad.
Villavicencio afirmó que el valor de la conferencia radica en entender que los acuerdos de 2006 constituyen un punto de partida y no un límite. Señaló que el propósito actual es construir un consenso renovado, acorde con las realidades de 2026, que permita actualizar la agenda global de justicia agraria.
En ese sentido, sostuvo que Porto Alegre demostró que la comunidad internacional es capaz de alcanzar acuerdos fundamentales cuando existe voluntad política. Aseguró que la experiencia previa constituye una base sólida para enfrentar los retos contemporáneos relacionados con acceso a recursos, distribución territorial y desarrollo sostenible.
La canciller también indicó que al concluir la plenaria se espera consolidar un diagnóstico común que oriente el trabajo posterior de la Conferencia. Este diagnóstico deberá identificar con claridad las tensiones no resueltas y los vacíos de implementación que persisten desde los compromisos adoptados hace veinte años.
Finalmente, subrayó que la profundidad y ambición de los resultados dependerán de la capacidad de los Estados y actores participantes para construir consensos efectivos. La plenaria, concluyó, representa el punto de partida para una hoja de ruta renovada que responda a los desafíos actuales en materia de reforma agraria y desarrollo rural sostenible.
