La Policía Nacional de Colombia rechazó de manera categórica el atentado ocurrido en el departamento de Arauca contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos, hecho en el que perdieron la vida el patrullero Esmely Marique Valencia y Wilmer Antonio Leal, funcionario adscrito a la Unidad Nacional de Protección, mientras cumplían labores oficiales de protección.
La institución condenó estos actos de violencia, señalando que constituyen una grave vulneración de los derechos humanos, especialmente del derecho fundamental a la vida. Según el pronunciamiento oficial, se trata de hechos que atentan contra los principios básicos de protección a quienes desarrollan funciones de seguridad, y que deben ser rechazados sin ambigüedades por todos los actores que intervienen en el conflicto y la vida pública.
De acuerdo con lo informado, el ataque también representa una transgresión al Derecho Internacional Humanitario, al dirigirse contra personas que no participaban de manera directa en hostilidades. Las víctimas cumplían funciones de protección, condición que, según las normas humanitarias, les otorga salvaguardas especiales frente a acciones armadas, por lo que el hecho es calificado como una conducta expresamente prohibida en el marco de estos estándares.
La Policía expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó acompañamiento institucional en este momento. En el comunicado se resaltó que ambos hombres murieron en cumplimiento del deber, desempeñando funciones orientadas a garantizar la seguridad. La institución indicó que su memoria será honrada como parte de quienes han entregado su vida al servicio de la protección de la ciudadanía y la defensa de la institucionalidad.
Frente a la investigación, la Policía señaló que fueron activadas todas sus capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para esclarecer lo ocurrido. Las autoridades buscan identificar a los responsables materiales e intelectuales del ataque y llevarlos ante la justicia. Como parte de las acciones, el Gobierno Nacional anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita avanzar de manera efectiva.
El director general de la institución, William Rincón Zambrano, calificó el hecho como un atentado grave contra servidores que cumplían una misión de protección. Señaló que el sacrificio de las víctimas no quedará en la impunidad y que la institución trabajará de manera sostenida para dar con los responsables. También reiteró el acompañamiento a los familiares de los fallecidos.
En su declaración, el alto oficial sostuvo que este tipo de ataques no detendrán la labor institucional. Indicó que, por el contrario, refuerzan la determinación de continuar con la misión de proteger a la población y de garantizar la seguridad, la democracia y el orden público. La institución aseguró que mantendrá presencia activa en la región y coordinación con otras entidades para enfrentar estos hechos.
El caso se suma a los desafíos de seguridad que persisten en distintas zonas del país, donde esquemas de protección y autoridades enfrentan riesgos en el ejercicio de sus funciones. Desde la Policía se reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos, al tiempo que se insistió en la necesidad de preservar la vida y respetar las normas humanitarias.
