Con un llamado directo a Naciones Unidas para que ubique las reformas agrarias en el centro de la discusión internacional, concluyó en Cartagena la Conferencia Internacional Tierra, Vida y Sociedad. El encuentro reunió a 410 participantes provenientes de 321 universidades y centros académicos del mundo, como antesala de la ICARRD+20, espacio donde gobiernos y sociedad civil debatirán el rumbo de la política rural global.
El manifiesto final fue entregado a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, e incluyó reflexiones sobre los pilares de la reforma agraria: restitución, regulación, redistribución y reconocimiento. El documento plantea que la justicia agraria no puede postergarse en un contexto marcado por la concentración de tierras, la desigualdad rural y el impacto de conflictos y crisis climáticas en comunidades campesinas.
Durante la clausura, Carvajalino recibió la declaración en calidad de presidenta de la ICARRD+20 y se comprometió a llevarla al escenario oficial que inicia esta semana. La ministra afirmó que el debate académico y social constituye una base esencial para construir consensos internacionales y avanzar hacia transformaciones estructurales en los sistemas de tenencia y uso de la tierra.
El pronunciamiento también incluyó un llamado expreso a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para que haga seguimiento a los acuerdos que surjan de la cumbre. Según los académicos, no basta con declaraciones programáticas: se requiere monitoreo, indicadores claros y mecanismos de rendición de cuentas que permitan evaluar avances concretos en redistribución y acceso equitativo a la tierra.
A lo largo de tres días de plenarias, los participantes debatieron sobre los obstáculos históricos que han impedido una verdadera democratización agraria. Entre los temas centrales estuvieron la concentración de la propiedad, la financiarización de la tierra y la falta de políticas públicas que garanticen pluralismo y libertad para los actores rurales. El diagnóstico compartido evidenció una crisis estructural que trasciende fronteras nacionales.
Entre los académicos que intervinieron estuvieron Jonathan Fox, de American University; Rocío Peña, de la Universidad del Rosario; Marta Saade, de la Universidad Externado; Ruth Hall, de PLAAS en la Universidad de Western Cape; Sergio Coronado, de la Defensoría del Pueblo; y Fernando García-Dory, de WAMIP. Sus análisis coincidieron en que la reforma agraria sigue siendo un componente esencial para reducir pobreza, hambre y conflictividad social.
Uno de los planteamientos que generó mayor eco fue el de Boaventura Monjane, de CASAS y Grassroots International, quien instó a no normalizar el avance de políticas extractivas y dinámicas económicas que profundizan la desigualdad territorial. Para el investigador, la disputa por la tierra refleja relaciones de poder global que exigen respuestas colectivas y coordinación entre Estados y movimientos sociales.
El cierre de la conferencia dejó instalada una conversación global que conecta academia, movimientos sociales y gobiernos. El manifiesto entregado en Cartagena busca incidir en la agenda internacional y reforzar la idea de que la tierra no es únicamente un activo productivo, sino la base para el trabajo, la alimentación y la vida. La expectativa ahora se centra en que las conclusiones se traduzcan en compromisos verificables en la próxima cumbre internacional.
