Dos hombres señalados de participar en el reclutamiento ilícito de menores de edad para estructuras armadas ilegales en el suroccidente colombiano deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de ser judicializados por la Fiscalía General de la Nación. El caso, ocurrido entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, evidencia las estrategias de captación mediante engaños que continúan utilizando estos grupos para fortalecer sus filas en zonas vulnerables del país.
Los procesados fueron identificados como John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar, quienes habrían contactado a dos adolescentes en el municipio de Miranda, Cauca, con pleno conocimiento de su edad. Según la investigación, los hombres aprovecharon las condiciones de vulnerabilidad de las jóvenes para persuadirlas de abandonar su entorno familiar y aceptar un traslado que, en realidad, tenía como destino integrarlas a una organización armada ilegal.
De acuerdo con los elementos recopilados por las autoridades, las menores fueron movilizadas hacia la ciudad de Cali, donde presuntamente serían entregadas a integrantes de la estructura Dagoberto Ramos, una de las disidencias que delinque en esa región. La operación habría sido coordinada previamente con contactos del grupo armado, lo que configuraría un esquema organizado de captación y traslado de víctimas con fines de vinculación forzada.
La situación fue detectada antes de que se concretara la entrega. Unidades de la Policía Nacional interceptaron el vehículo en el que se transportaba a las adolescentes durante un puesto de control instalado en el barrio Marroquín II de Cali. En el procedimiento, los uniformados identificaron inconsistencias que permitieron establecer la posible comisión del delito y proceder a la protección inmediata de las víctimas.
Tras la verificación, las menores fueron rescatadas y puestas bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que asumió el proceso de restablecimiento de sus derechos. Las autoridades activaron las rutas de atención integral para garantizar acompañamiento psicosocial y evitar nuevos riesgos para las adolescentes, en cumplimiento de los protocolos de protección establecidos para estos casos.
Los dos señalados fueron capturados en situación de flagrancia y posteriormente presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. En las audiencias preliminares se les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores, conducta tipificada como una grave violación a los derechos de niños, niñas y adolescentes en contextos de conflicto armado.
Durante el proceso judicial, Plaza Gallego aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, mientras que ambos procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. La decisión busca garantizar su comparecencia al proceso y evitar posibles riesgos de reiteración delictiva o interferencia en la investigación que adelantan las autoridades competentes.
El caso se suma a las alertas institucionales sobre la persistencia de mecanismos de captación de menores en regiones donde operan grupos armados ilegales. Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación sospechosa y fortalecer la protección de niños y adolescentes frente a estas prácticas, que constituyen una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario y a la legislación penal colombiana.
