Un mensaje publicado en la red social Truth Social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió el debate político y geopolítico internacional tras anunciar que “autoridades interinas” en Venezuela entregarían entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado de alta calidad a Estados Unidos.
Según el mandatario, el crudo sería vendido a precio de mercado, y los recursos obtenidos quedarían bajo control directo de la Presidencia estadounidense, con el objetivo —según afirmó— de “beneficiar al pueblo de Venezuela y a los Estados Unidos”. Trump aseguró además que el plan será ejecutado de inmediato por el secretario de Energía, Chris Wright, y que el petróleo será transportado por buques de almacenamiento hasta muelles de descarga en territorio estadounidense.
El anuncio, realizado sin respaldo de documentos oficiales ni confirmación de autoridades venezolanas, plantea interrogantes sobre su viabilidad jurídica, dado que el petróleo venezolano se encuentra sujeto a sanciones internacionales y a restricciones comerciales impuestas por Estados Unidos y otros países. Analistas señalan que cualquier operación de este tipo requeriría licencias específicas del Departamento del Tesoro y acuerdos formales reconocidos por el derecho internacional.
Uno de los puntos más controvertidos del mensaje es la afirmación de Trump de que los fondos serían “controlados” por él como presidente. Expertos en derecho constitucional estadounidense advierten que el manejo directo de recursos provenientes de la venta de activos extranjeros no es una atribución personal del jefe de Estado, sino que debe canalizarse a través de agencias federales y bajo supervisión del Congreso.
El anuncio se produce en un contexto de alta tensión entre Washington y Caracas, marcado por sanciones, disputas sobre legitimidad política y operaciones de interdicción contra el narcotráfico y economías ilícitas. Aunque Trump hizo referencia a “autoridades interinas” venezolanas, no precisó a qué actores se refiere ni bajo qué marco legal se habría acordado la supuesta entrega del crudo.
Desde el punto de vista del mercado energético, la eventual entrada de hasta 50 millones de barriles adicionales podría tener impactos puntuales en la oferta, aunque especialistas señalan que su efecto dependerá de la velocidad de comercialización y de la reacción de otros grandes productores.
Hasta el momento, ni el gobierno de Venezuela ni organismos internacionales han confirmado la existencia de un acuerdo de este tipo. La falta de precisiones y el carácter unilateral del anuncio refuerzan la percepción de que se trata de una declaración política con implicaciones aún inciertas, tanto para la estabilidad regional como para el sistema de sanciones vigente.
El mensaje de Trump, publicado exclusivamente en Truth Social, reabre el debate sobre el uso del petróleo venezolano como herramienta de presión geopolítica y sobre los límites del poder presidencial en la gestión de activos estratégicos en escenarios de conflicto internacional.
