La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación sustitutiva sellada contra Nicolás Maduro Moros y otros altos funcionarios venezolanos, en la que sostiene que durante más de 25 años se habría utilizado el poder del Estado para facilitar el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos. El documento judicial plantea que instituciones públicas fueron corrompidas de manera sistemática para proteger rutas, cargamentos y organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.
Según el Gran Jurado, Maduro habría ocupado un rol central dentro de ese esquema, aprovechando los distintos cargos que desempeñó a lo largo de su carrera política. La acusación afirma que, desde su paso por la Asamblea Nacional hasta su ejercicio como canciller y posteriormente como presidente, habría brindado protección logística y política a redes dedicadas al tráfico de drogas, permitiendo que estas operaran con impunidad dentro del territorio venezolano.
El expediente sostiene que el presunto entramado criminal no solo benefició a élites políticas y militares, sino también a familiares directos del gobernante. Entre los acusados figuran Cilia Adela Flores de Maduro, señalada como primera dama de facto, y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, a quienes se atribuye participación en distintas fases del esquema descrito por los fiscales estadounidenses.
La acusación también incluye a Diosdado Cabello Rondón y Ramón Rodríguez Chacín, a quienes vincula con funciones de protección institucional y coordinación política. Además, aparece Héctor “Niño Guerrero” Guerrero Flores, identificado como líder de la organización criminal Tren de Aragua, cuya estructura habría servido como apoyo logístico y armado para el traslado de cargamentos dentro de Venezuela.
Uno de los ejes centrales del documento es la supuesta alianza entre funcionarios venezolanos y organizaciones armadas y criminales de alcance internacional. La Fiscalía menciona vínculos con las FARC, el ELN, el Cártel de Sinaloa, los Zetas y Tren de Aragua, señalando que estas organizaciones habrían colaborado en la producción, custodia, transporte y distribución de cocaína con destino final en Estados Unidos.
El escrito describe a Venezuela como un punto estratégico para el narcotráfico debido a su ubicación geográfica, con acceso directo al Caribe y conexión terrestre con zonas de producción en Colombia. Según los fiscales, desde finales de los años noventa el país se habría convertido en un corredor clave para el tránsito de droga, con flujos anuales estimados en cientos de toneladas.
La Fiscalía detalla diversos métodos de transporte utilizados en el presunto esquema, incluyendo envíos marítimos en lanchas rápidas y buques, así como traslados aéreos desde pistas clandestinas y aeropuertos comerciales. El documento afirma que estas operaciones contaban con cobertura de funcionarios civiles y militares, quienes facilitaban el paso de los cargamentos a cambio de sobornos.
En el plano penal, la acusación formula como primer cargo la conspiración de narco-terrorismo, señalando que los acusados habrían traficado cocaína con conocimiento de que parte de los recursos beneficiaban a organizaciones calificadas como terroristas por Estados Unidos. Este cargo abarca un período que se extiende desde 1999 hasta 2025 y constituye uno de los señalamientos más graves del expediente.
El segundo cargo corresponde a la conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como a su manufactura, distribución y posesión con intención de ingreso ilegal al país. A esto se suman dos cargos adicionales relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, presuntamente utilizados para proteger las operaciones de narcotráfico.
Finalmente, la Fiscalía solicita el decomiso de bienes, ganancias y propiedades que, según la acusación, habrían sido obtenidos como resultado de estas actividades ilícitas. El expediente contempla también la incautación de armas y la posibilidad de confiscar activos sustitutos si los bienes originales no pueden ser localizados. El caso avanza ahora en el sistema judicial federal de Nueva York, donde se definirán los próximos pasos procesales.
