Con el objetivo de reforzar la protección de los asociados y trabajadores, la Superintendencia de la Economía Solidaria anunció el inicio de una nueva fase de intervención sobre la Cooperativa COPSERVIR, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control. La medida busca garantizar estabilidad institucional, transparencia en las decisiones y salvaguarda del ahorro solidario, mientras se avanza en definiciones estructurales que impactan el futuro laboral y cooperativo de miles de personas vinculadas a la organización en distintas regiones del país durante este periodo de transición supervisada por autoridades competentes del sector solidario nacional con alcance institucional amplio temporal.
Como primer eje de esta fase, se confirmó que los asociados desarrollarán una Asamblea General extraordinaria el próximo 30 de enero, instancia en la que se discutirá la creación de una nueva cooperativa de aporte y crédito. La propuesta apunta a consolidar una organización genuinamente solidaria, orientada por la participación democrática, la transparencia administrativa, la responsabilidad financiera y la defensa del bienestar colectivo, bajo un modelo de trabajadores para trabajadores. Este encuentro contará con acompañamiento institucional y observación permanente para asegurar decisiones legítimas y representativas del interés común de la base social cooperativa convocada formalmente en esta etapa decisiva actual.
La Superintendencia expresó su respaldo irrestricto a esta Asamblea como un escenario democrático y decisivo, destacando que representa una oportunidad histórica para fortalecer la gobernanza cooperativa. Según la entidad, este proceso permitirá avanzar hacia una estructura sostenible, con reglas claras y decisiones orientadas al interés real de los asociados, garantizando protección laboral, confianza institucional y viabilidad financiera en el mediano y largo plazo en un contexto de alta sensibilidad social y económica para las comunidades vinculadas a la cooperativa intervenida bajo seguimiento técnico permanente y criterios regulatorios estrictos definidos por la autoridad competente del sector en desarrollo del proceso vigente.
En un segundo componente, la entidad informó que los establecimientos de comercio que hoy son propiedad del Estado, tras decisión judicial, entran en una nueva etapa de gestión. En este marco, La Rebaja S.A.S. asumirá la emisión de lineamientos técnicos, administrativos y operacionales para optimizar y consolidar la operación comercial, con el objetivo de garantizar continuidad del servicio y eficiencia en la gestión durante la intervención y en coordinación con el equipo designado para esta fase específica del proceso institucional que involucra decisiones estratégicas de alto impacto público en el sistema de dispensación nacional de medicamentos esenciales regulados actualmente vigentes.
Esta fase contará con un nuevo equipo a cargo de la intervención y con la participación activa de los trabajadores de COPSERVIR, quienes serán parte del proceso de reorganización. El propósito central es avanzar en la creación de la línea institucional pública de dispensación de medicamentos, iniciativa reiterada por el presidente Gustavo Petro, orientada a fortalecer el acceso, la equidad y la capacidad operativa del Estado en materia farmacéutica y de salud pública nacional con énfasis en reducción de intermediación y costos para proteger derechos de los usuarios del sistema en territorios con alta demanda social y cobertura prioritaria estatal.
En un tercer anuncio, se confirmó que La Rebaja S.A.S. se consolidará como gestor farmacéutico, con presencia en el mercado institucional público mediante la línea La Rebaja Institucional. Esta estrategia se desarrollará en articulación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud, con miras a poner en marcha una central pública de compras de medicamentos que permita fortalecer la capacidad negociadora del Estado y mejorar la disponibilidad oportuna de tratamientos en el sistema público de salud colombiano con criterios de eficiencia, transparencia y control financiero y sanitario permanente bajo supervisión estatal directa continua integral.
El objetivo de esta apuesta es reducir la intermediación innecesaria en la cadena de medicamentos y proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos. Según lo informado, la central pública de compras permitirá mayor eficiencia en precios, trazabilidad en la distribución y fortalecimiento del rol del Estado como garante del acceso equitativo a tratamientos esenciales para la población, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad social, territorial y económica a nivel nacional con impactos estructurales en la política farmacéutica y en la sostenibilidad del sistema de salud pública, con enfoque preventivo y regulatorio de largo plazo nacional definido institucionalmente.
La Superintendencia de la Economía Solidaria reiteró que continuará acompañando todo el proceso de manera ordenada y conforme a la normatividad vigente. La entidad aseguró que cada etapa priorizará la defensa de los derechos de los asociados y trabajadores, con seguimiento permanente, transparencia informativa y control institucional, en un proceso que busca estabilidad, sostenibilidad y confianza en el sector solidario durante la implementación de las medidas anunciadas en beneficio del interés colectivo y público sin afectar la legalidad ni los principios cooperativos que rigen el modelo solidario colombiano con responsabilidad institucional y enfoque social en todo el territorio nacional vigente.
