La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) expresó su respaldo a las medidas adoptadas por el Ministerio de Minas y Energía para garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, en un contexto marcado por las dificultades financieras de la empresa Air-e, actualmente bajo intervención estatal.
De acuerdo con la entidad de control, los avances recientes responden a una gestión técnica responsable, basada en decisiones oportunas y en una negociación eficiente para la compra de energía correspondiente a 2026. El objetivo ha sido priorizar precios justos y sostenibles para los usuarios, evitando escenarios de riesgo que puedan comprometer la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional.
La Superservicios destacó que el Gobierno ha mantenido mesas permanentes de trabajo para estructurar soluciones de corto, mediano y largo plazo, orientadas a asegurar que la prestación del servicio en el Caribe cumpla con los principios de continuidad, eficiencia y sostenibilidad definidos en el marco legal del sector eléctrico.
En esa misma línea, la entidad respaldó la resolución que será expedida por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual se solicitará a la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir un mecanismo que refuerce la confiabilidad del sistema frente al estrés financiero derivado de las obligaciones acumuladas por Air-e.
Entre las alternativas planteadas se encuentra un mecanismo transitorio que permitiría recaudar ocho pesos por kilovatio hora, con un impacto estimado cercano al 1 % en la tarifa. Según la Superservicios, estos recursos estarían destinados exclusivamente al pago de acreedores de la comercializadora, sin generar una afectación significativa para los usuarios finales.
Desde el inicio de la intervención, el Gobierno y la Superservicios han logrado mantener la continuidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, territorios históricamente sensibles en materia de prestación eléctrica. La entidad resaltó que, durante el primer año de intervención, se registró una reducción superior al 25 % en la tarifa.
Adicionalmente, se reportó estabilidad en el precio del kilovatio hora para enero de 2025, fijado en $796, cifra que se ubicó por debajo del promedio nacional de $876 registrado en diciembre de 2025. Este comportamiento tarifario es presentado como un indicador de control y equilibrio en medio del proceso de reorganización del operador.
Finalmente, la Superservicios subrayó que el Ejecutivo continúa impulsando políticas como Comunidades Energéticas y Colombia Solar, enfocadas en democratizar el acceso a la energía, fortalecer la participación comunitaria y acelerar la transición energética, con especial énfasis en el Caribe colombiano, una región clave para el desarrollo energético del país.
