En Cundinamarca, un operativo de la Policía Nacional permitió el rescate de 18 caballos que eran transportados en condiciones precarias y de hacinamiento extremo. El procedimiento se desarrolló en zona rural de Fusagasugá, donde los uniformados detectaron un camión con equinos visiblemente fatigados y sin garantías mínimas de bienestar. El caso evidenció una modalidad de transporte irregular que pone en riesgo la vida animal y vulnera la normatividad vigente, activando una respuesta institucional orientada a la protección de la fauna y la judicialización de los responsables.
La intervención fue realizada por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental durante actividades operativas enfocadas en la defensa de los recursos naturales. En la vereda Novillero, sector La Báscula, los policías detuvieron el vehículo y constataron el estado crítico de los animales. Los caballos viajaban hacinados, con signos de agotamiento y estrés, sin condiciones adecuadas de ventilación, hidratación ni descanso. Estas circunstancias comprometían seriamente su integridad física y reflejaban un incumplimiento evidente de las normas sanitarias y de bienestar animal que regulan la movilización de semovientes en el territorio nacional.
Las indagaciones iniciales permitieron establecer que los equinos habían sido embarcados en Puerto Rico, en el departamento del Caquetá, y tenían como destino el municipio de Silvania, en Cundinamarca, para fines de comercialización. El trayecto implicaba recorrer cientos de kilómetros sin cumplir los protocolos exigidos por la ley. La prolongada duración del viaje, sumada a las condiciones inadecuadas, incrementó el riesgo para los animales, configurando un escenario que ameritó la intervención inmediata de las autoridades ambientales y de policía judicial.
Durante la verificación documental, los transportadores presentaron una Guía Sanitaria de Movilización Interna expedida por el ICA. Sin embargo, los uniformados detectaron inconsistencias físicas en el documento. Tras un peritaje técnico, se confirmó que la guía había sido adulterada, lo que evidenció la intención de evadir los controles oficiales. Esta irregularidad agravó la situación jurídica de los implicados, al tratarse de un instrumento clave para garantizar la sanidad animal y la trazabilidad en el transporte de semovientes.
Como resultado del procedimiento, las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas que ocupaban el vehículo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por los delitos de maltrato animal, conforme a la Ley 1774 de 2016, y falsedad en documento público. La captura representa un paso relevante en la lucha contra prácticas ilegales que afectan a los animales y que, además, comprometen la seguridad sanitaria y la legalidad del comercio pecuario.
Mientras avanzan los procesos judiciales, los 18 caballos rescatados fueron entregados a la Secretaría de Sostenibilidad y Protección Animal. De manera inmediata, los equinos fueron trasladados al Centro de Atención de Protección Animal de Fusagasugá. En este lugar iniciaron un proceso de recuperación que incluye suministro de alimento, acceso permanente a agua, descanso adecuado y valoración veterinaria integral. El objetivo es estabilizar su estado de salud y garantizar su bienestar tras el prolongado y riesgoso desplazamiento.
Las autoridades informaron que el seguimiento a la recuperación de los animales continuará en coordinación con entidades locales, asegurando que reciban la atención necesaria hasta superar las afectaciones derivadas del maltrato. Este componente es fundamental para cerrar el ciclo de protección, no solo desde la sanción penal, sino también desde la rehabilitación. El caso se convierte en un ejemplo de la importancia de articular esfuerzos institucionales para responder de manera integral a las denuncias de maltrato y transporte ilegal de fauna doméstica.
Finalmente, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida en todas sus manifestaciones y con la aplicación rigurosa de la ley frente a delitos contra los animales. La institución hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de maltrato animal a través de la línea 123. La participación ciudadana, señalaron las autoridades, es clave para prevenir estas conductas, fortalecer los controles y garantizar que el bienestar animal sea un principio efectivo y respetado en todo el territorio.
