La Procuraduría General de la Nación reiteró a las entidades del Estado las restricciones vigentes en materia de empleo público durante el periodo de aplicación de la Ley de Garantías, con ocasión de los procesos electorales de Congreso y Presidencia para el periodo constitucional 2026–2030. El llamado está dirigido a nominadores, jefes de talento humano y responsables de control interno, con el fin de prevenir actuaciones administrativas que vulneren la normativa electoral.
El Ministerio Público recordó que durante los cuatro meses previos a las elecciones legislativas y presidenciales está prohibida la modificación de la nómina estatal y la vinculación de nuevo personal. Esta restricción busca evitar el uso indebido del empleo público con fines electorales y preservar la equidad entre los actores políticos, salvo las excepciones expresamente contempladas en la Ley 996 de 2005 para garantizar la continuidad de funciones esenciales del Estado.
De acuerdo con el calendario electoral vigente, las restricciones comenzaron a regir desde el 8 de noviembre de 2025 para las elecciones de Congreso de la República y desde el 31 de enero de 2026 para las elecciones presidenciales. Estas limitaciones se extenderán hasta el día de la elección y, en caso de una eventual segunda vuelta, hasta el mes de junio de 2026.
La Procuraduría precisó que estas disposiciones no implican la creación de nuevos requisitos ni autorizaciones adicionales para las entidades públicas. Tampoco suponen una ampliación del periodo de aplicación de la Ley de Garantías, sino un recordatorio preventivo para que las decisiones administrativas se adopten dentro del marco constitucional y legal, sin interpretaciones que alteren el alcance original de la norma.
En ese contexto, el ente de control subrayó que la autonomía y discrecionalidad de los nominadores se mantienen vigentes, siempre que se ejerzan conforme a la Constitución y la ley. Las decisiones relacionadas con el talento humano deben responder a criterios técnicos y necesidades institucionales verificables, evitando prácticas que puedan interpretarse como ventajas indebidas en el escenario electoral.
La Procuraduría insistió en que la finalidad de la Ley de Garantías es proteger la transparencia del proceso democrático y asegurar igualdad de condiciones entre los participantes. El manejo del empleo público durante este periodo exige especial responsabilidad, planeación y rigor jurídico, para evitar riesgos disciplinarios y preservar la confianza ciudadana en la administración pública.
Asimismo, el Ministerio Público hizo un llamado especial a los jefes de control interno para fortalecer las labores de verificación, seguimiento y acompañamiento institucional. Estas dependencias cumplen un papel clave en la identificación de riesgos y en la prevención de eventuales irregularidades relacionadas con la gestión del personal durante el periodo preelectoral.
Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de las prohibiciones establecidas en la Ley 996 de 2005 puede dar lugar a investigaciones y sanciones disciplinarias. El pronunciamiento busca anticiparse a posibles faltas y garantizar que las entidades públicas actúen con prudencia, legalidad y responsabilidad institucional durante el desarrollo del calendario electoral.
