En el marco de la estrategia Diálogos para construir consensos, la Procuraduría General de la Nación encabezó en Bogotá la segunda mesa técnica preventiva sobre el proyecto de decreto que define el régimen de inversiones de los fondos de pensiones. El espacio buscó anticipar riesgos, fortalecer la transparencia y promover una discusión técnica amplia sobre un tema clave para el mercado de capitales y la seguridad social. La iniciativa se enmarca en un enfoque preventivo que prioriza el diálogo interinstitucional como herramienta para mejorar la calidad normativa y reducir impactos no previstos en la regulación financiera colombiana actual vigente.
La jornada reunió a funcionarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera y la Superintendencia Financiera de Colombia, junto con representantes del sector privado y gremial. El objetivo común fue analizar los alcances del proyecto normativo desde una perspectiva técnica, identificar posibles riesgos regulatorios y fortalecer la coordinación institucional en torno al desarrollo del mercado de capitales, reconociendo el impacto estructural que las decisiones de inversión de los fondos de pensiones tienen sobre la economía nacional.
En el espacio también participaron actores clave del sistema pensional y financiero como Asofondos, Porvenir, Skandia y Protección, así como firmas internacionales de inversión y representación empresarial. La presencia de entidades como BlackRock, la Cámara de Comercio Colombo Americana y el Autorregulador del Mercado de Valores permitió ampliar la mirada sobre estándares internacionales, buenas prácticas y experiencias comparadas, aportando insumos técnicos relevantes para una discusión equilibrada y alineada con la dinámica global de los mercados financieros.
Uno de los énfasis centrales de la mesa técnica fue la necesidad de promover reglas claras y coherentes que fortalezcan la confianza en el sistema pensional y en el mercado de capitales. Los participantes coincidieron en que el régimen de inversiones debe equilibrar la búsqueda de rentabilidad con la gestión prudente del riesgo, garantizando la protección del ahorro pensional de millones de afiliados. En este sentido, el diálogo permitió identificar puntos de convergencia y aspectos que requieren mayor análisis técnico antes de la adopción definitiva del decreto.
Las Procuradurías Delegadas para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social y la Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública resaltaron la importancia de estos espacios como mecanismos preventivos. Desde su perspectiva, el diálogo temprano entre autoridades, reguladores y actores del mercado contribuye a anticipar eventuales controversias, reducir asimetrías de información y fortalecer la legitimidad de las decisiones regulatorias, sin interferir en las competencias propias del Ejecutivo ni en la autonomía técnica de las entidades responsables.
El enfoque preventivo adoptado por la Procuraduría busca consolidar una cultura institucional orientada a la construcción de consensos y a la mejora continua de la regulación. Más que una instancia de control posterior, estas mesas técnicas funcionan como escenarios de escucha activa y análisis riguroso, donde se reconocen los intereses de los distintos actores y se promueve una comprensión integral de los efectos económicos, sociales y financieros de las normas en discusión.
En el contexto actual, el régimen de inversiones de los fondos de pensiones adquiere una relevancia estratégica. Las decisiones regulatorias en esta materia influyen directamente en la profundidad del mercado de capitales, en el financiamiento de proyectos productivos y en la estabilidad del sistema financiero. Por ello, la Procuraduría subrayó la necesidad de que cualquier ajuste normativo esté sustentado en evidencia técnica, criterios de sostenibilidad y una evaluación cuidadosa de riesgos sistémicos.
Con la realización de esta segunda mesa técnica, la Procuraduría General de la Nación reafirma su rol como facilitadora de diálogos institucionales orientados al interés público. El proceso continuará con nuevos espacios de análisis y seguimiento, en los que se espera consolidar aportes técnicos que contribuyan a un marco regulatorio más robusto, transparente y coherente, capaz de fortalecer el sistema pensional y de inversión en beneficio de la estabilidad económica del país.
