El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 del 19 de enero de 2026, mediante el cual se elimina la prima especial de servicios para los congresistas de la República. Esta prima, creada en 2013, equivalía a $16.914.540 mensuales y hacía parte de la remuneración de senadores y representantes a la Cámara. Con esta decisión, el Ejecutivo avanza en un ajuste directo al régimen salarial del Congreso, uno de los más altos de la región, y responde a una discusión histórica sobre la proporcionalidad de los ingresos de los legisladores frente a la realidad económica del país.
La prima especial derogada es distinta a la prima de servicios que reciben los trabajadores formales en Colombia, la cual se mantiene vigente y corresponde a un salario mensual por año. En el caso de los congresistas, este beneficio adicional era uno de los tres componentes de su remuneración mensual y había sustituido, desde 2013, las primas de localización, vivienda y salud. Su eliminación representa un cambio estructural en el esquema de compensaciones del Legislativo, aunque no modifica otros elementos salariales que continúan regulados por la Ley 4 de 1992.
El decreto aclara que la eliminación de la prima especial no tendrá efectos retroactivos. Esto significa que los actuales congresistas conservarán el beneficio hasta el final de su periodo. La medida comenzará a regir a partir del 20 de julio de 2026, cuando se posesionen los nuevos senadores y representantes elegidos en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. De esta manera, el ajuste salarial impactará únicamente a quienes integren el Congreso en el nuevo periodo constitucional, respetando los derechos adquiridos de los actuales legisladores.
En su cuenta de la red social X, el presidente Gustavo Petro respaldó la decisión y la enmarcó en un debate más amplio sobre equidad fiscal. “Se la pasan aprobando reformas tributarias contra los pobres, y hunden las que les ponen impuestos a los ricos. Por eso creo que es muy justo reducir el salario a los congresistas”, escribió el mandatario, reforzando la narrativa de austeridad y ajuste del gasto público que ha defendido el Ejecutivo en distintos escenarios.
El Decreto 0030 de 2026 argumenta que la estructura actual de remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana y a la situación económica del país. En ese sentido, el texto señala que mantener esquemas salariales elevados dificulta el cierre de brechas sociales y contradice principios como la sostenibilidad fiscal, la racionalidad del gasto público, la transparencia y la equidad, ejes que orientan la política económica y administrativa del Estado en el actual periodo.
La prima especial de servicios fue creada mediante el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, cuando el Gobierno de entonces decidió unificar varios beneficios en un solo componente salarial. Desde su origen, esta prima generó críticas de distintos sectores políticos y ciudadanos, al considerarse un privilegio injustificado. Durante años, en el Congreso de la República se tramitaron cerca de 20 proyectos de ley orientados a reducir los salarios de los congresistas, la mayoría de los cuales fueron archivados sin éxito.
La eliminación de esta prima por vía decreto se convierte así en una alternativa administrativa frente a la falta de consensos legislativos para modificar el salario de los congresistas. El propio decreto reconoce que la medida hace parte de un conjunto de acciones de austeridad inmediatas y necesarias, siempre que no se afecten derechos fundamentales. En este caso, el Gobierno considera que el ajuste no vulnera garantías constitucionales y, por el contrario, corrige desequilibrios históricos en el manejo del gasto público.
El Decreto 0030 de 2026 lleva las firmas del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y de la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mariela Barragán. Esta entidad recordó que es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional del sector público. Con esta decisión, el Ejecutivo envía una señal política y fiscal de alto impacto, en un contexto de debates sobre equidad, legitimidad institucional y confianza ciudadana en las ramas del poder público.
