La Policía Nacional intervino ocho unidades de producción minera ilícita en zona rural del municipio de Chaparral, como parte de las acciones permanentes contra la explotación ilegal de yacimientos y otros materiales. El operativo se desarrolló en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y tuvo como objetivo frenar las economías ilícitas que generan graves impactos ambientales y sociales.
Las autoridades informaron que las actividades ilegales se realizaban mediante minería a cielo abierto, una modalidad que ocasiona deterioro acelerado de los ecosistemas y afecta fuentes hídricas y suelos. La intervención permitió neutralizar estructuras dedicadas a esta práctica, consideradas una de las principales fuentes de financiación de organizaciones criminales en la región.
Durante el operativo fueron intervenidas e inutilizadas siete excavadoras, tres motores industriales, una draga, una planta eléctrica y una motobomba. Estos equipos eran utilizados para el desarrollo de las actividades extractivas ilegales y su destrucción representa un golpe directo a la capacidad operativa de las redes criminales involucradas en la minería ilícita.
Según el balance oficial, la acción permitió afectar de manera significativa las finanzas de Grupos Delictivos Organizados y del Estado Mayor Central. La afectación económica por concepto de producción ilícita se estimó en más de 4.000 millones de pesos, mientras que la maquinaria inutilizada alcanzaría un valor cercano a los 5.700 millones de pesos.
La Policía señaló que este tipo de operaciones buscan no solo frenar el delito ambiental, sino también debilitar las estructuras que sostienen economías ilegales en zonas rurales. La minería ilícita, además de causar daños ecológicos irreversibles, suele estar asociada a otros delitos que afectan la seguridad y la convivencia de las comunidades.
El director general de la Policía Nacional, William Rincón Zambrano, afirmó que la institución no permitirá que estas economías sigan destruyendo los recursos naturales ni financiando organizaciones criminales. “Continuaremos actuando con contundencia para proteger el medio ambiente, fortalecer la legalidad y garantizar la seguridad de las comunidades”, señaló el oficial.
Desde la institución se reiteró que estas acciones hacen parte de una estrategia integral para combatir la minería ilegal en distintas regiones del país. La coordinación interinstitucional ha sido clave para llegar a zonas de difícil acceso y lograr resultados operativos con impacto real sobre las finanzas criminales.
Finalmente, la Policía Nacional reafirmó su compromiso con la defensa del medio ambiente y la protección del territorio. Las autoridades anunciaron que mantendrán los operativos contra la explotación ilícita de recursos naturales, con el fin de preservar los ecosistemas, debilitar a las organizaciones criminales y garantizar condiciones de seguridad y desarrollo sostenible para las comunidades.
